Minusválidos
Es como la leyenda del monstruo del lago Ness, aparece y desaparece todos los años el 6 de diciembre (Día de la Constitución). Entonces todos se acuerdan de esta anacrónica y peyorativa palabra, pero nadie toma la iniciativa de proponer su cambio en la Carta Magna. Todos hablan de ella, todos la denuestan, todos se avergüenzan de ella. Pero todos seguimos conviviendo con ella.
La pregunta es: ¿Hay algún partido político o alguna señoría que defienda el mantenimiento de tal despropósito? Me temo que no (ni tan siquiera un partido tan anacrónico como Vox).
Cuando se aborda el tema, la mayor parte de las respuestas se enmarcan en el “comodín” de las dificultades para abordar la reforma de la Constitución debido a los necesarios consensos mayoritarios para ello, tal como señala la propia Constitución para su reforma. Pero nadie recuerda (o si lo recuerdan, miran para otro lado) cómo la misma ha sido reformada en dos ocasiones por la vía de urgencia. En 1992 en relación con el derecho al sufragio de los extranjeros para las elecciones municipales y en el 2011 para introducir la priorización de la estabilidad presupuestaria (por exigencias de la UE). En ambos casos, PP y PSOE se pusieron de acuerdo en 24 horas.
Ninguna “caja de los truenos” se abrió por entonces. Se modificó y punto. ¿Qué caja de los truenos se puede abrir por sustituir una palabra? Una palabra que denigra, injuria y desvaloriza a la persona. Todo ello, en un contexto internacional (OMS, ONU, UE...) donde, desde más de 30 años, se han producido las correspondientes modificaciones y recomendaciones al respecto. Y, para mayor escarnio, interiormente, el propio Gobierno ha tenido que legislar ¡saltándose la Constitución! También en dos ocasiones: En 1999 al promulgar la Ley de Dependencia, en la que ya no se utiliza el término “minusválido” sino “discapacidad” y, diez años más tarde (¡!) el 4 de diciembre del 2009, mediante real decreto aprueba el cambio de denominación. ¿Sonrojante?
Hay quien señala que el debate abriría otras solicitudes de modificaciones constitucionales, tales como la Monarquía, derechos fundamentales, configuración territorial (federal o confederal), la modificación del Senado, el sistema electoral, la fiscalidad de Navarra y Euskadi... (añada el lector lo que considere pertinente) ¿Qué debate se puede abrir si estamos diciendo que ningún partido se va oponer a modificar una palabra? ¿Qué debate se va abrir si PP y PSOE están de acuerdo?
El 7 de abril de 1982, el Gobierno de Adolfo Suárez aprobó una de sus últimas leyes, la LISMI (Ley de Integración Social de los Minusválidos). Fue un paso de gigantes en materia de integración laboral de las personas con discapacidad que, hasta entonces, permanecían encerradas en sus entornos familiares, en centros especiales, invisibilizadas, tratadas como personas de tercera categoría y, en el mejor o peor de los casos, sobreprotegidas. La ley supuso un revulsivo. En mi modesta opinión, en aquel año, empezó el verdadero cambio en España, en lo concerniente a derechos civiles.
Pero se tardó mucho tiempo en reconocer que las palabras están cargadas de valores y desvalores. “Minusválido” pertenecía a lo segundo. Ni los trece años de gobierno de Felipe González ni los ocho de José María Aznar tuvieron tiempo para cambiar una palabra denigrante de la Constitución. Fue en el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero quien, al comprobar que ya llevábamos más de 20 años integrando laboralmente a las personas con discapacidades, tomó la decisión de devolverles su dignidad.
Como si de un bálsamo se tratara, desde entonces, dejamos de hacer los chistes malos e injuriosos sobre los “tontos”, igual que dejamos también de hacer los chistes también malos e injuriosos sobre los “mariquitas”. Continuábamos en la senda del respeto, de los derechos civiles; menos para algunos dinosaurios del poder como Alfonso Guerra, quien añora que “ahora ya no se puede hacer chistes de mariquitas”. Supongo que también echara de menos los de los “tontos”.
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