El dedo de la política

No hay acuerdo en la comunidad científica sobre cuál es la principal amenaza para los ciudadanos en el siglo XXI. Unos aluden al efecto invernadero, otros al agotamiento de los recursos naturales, otros al mal uso de las tecnologías, guerras nucleares, etcétera.

Desde mi punto de vista, si en lugar de pedir opinión a la comunidad científica la recabáramos del ciudadano de a pie, la respuesta sería unánime: el principal problema de la sociedad lo constituye actualmente la clase política.

Y no exagero un ápice. Un informe publicado días atrás es demoledor. El derroche del Estado y de las comunidades autónomas ha adquirido dimensiones insoportables, no ya para la economía, sino para la propia ciudadanía. No se salva ninguna autonomía, pero las hay en las que los datos son llamativos y alarmantes. En Asturias los hechos adquieren tintes dramáticos, por cuanto que es una comunidad autónoma sin capacidad industrial, con una población muy envejecida, con un alto índice de paro y sin posibilidades de recuperación a corto plazo en razón de sus fuentes de ingresos presupuestarios.

Algunos diarios, muy principalmente LA NUEVA ESPAÑA, destacan tres datos llamativos: el sobrecoste de la ampliación del puerto de El Musel, que cifra en 216 millones de euros, un 43 por ciento más de lo previsto; los 90 millones de sobrecoste que acumula el Hospital Central de Asturias, y el Centro Cultural Oscar Niemeyer, que supuso un gasto de 44 millones de euros y que para que funcione habrá que implementarlo permanentemente con proyectos culturales que, a su vez, generarán costes ingentes.

Los asturianos sabemos que hay mucho más despilfarro público. Por citar tópicos que están en boca de todos, la televisión autonómica con sus retransmisiones de la Fórmula 1 y la Champion’s League, la multitud de empresas y sociedades del sector público autonómico que reproducen el modelo de la Administración pública (gerente, jefe de personal, jefe económico, director jurídico, etcétera), con el consiguiente coste económico que gravita sobre todos los asturianos, multitud de personal eventual y, sobre todo, y ése es el gran problema que atenaza a la Administración y lo que debería ser una buena gestión, los cientos de cargos de libre designación que bajo el ropaje de convocatorias públicas encubren auténticos puestos de designación política.

Sectarismo, nepotismo, cuando no despotismo, y sinecuras, muchas sinecuras.

Estas últimas impresiones son fruto de la experiencia vivida en los últimos tiempos en el Hospital Central de Asturias. Me estoy refiriendo a la creación y posterior convocatoria del puesto calificado como de «libre designación» de director del área de gestión clínica de nefro-urología.

Aun a pesar de constituir la convocatoria una flagrante ilegalidad, tuvimos que presentarnos por razones puramente procesales, y pasar por el paripé de defender una memoria cuando ya sabíamos de antemano que la plaza estaba adjudicada. En el transcurso de la exposición ante el tribunal insistimos en la ilegalidad de la convocatoria y en la circunstancia de que el puesto convocado, tanto por su denominación, como por sus funciones, como porque la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios ya había hecho público en los medios de comunicación el nombre del candidato elegido, era un puesto político y no profesional. Nuestras palabras no tuvieron ningún eco y tuvieron que ser de nuevo los tribunales los que pusieran las cosas en su sitio y declararan la ilegalidad de la convocatoria y de sus actos posteriores y del nombramiento del candidato ya previamente elegido.

Se quejan los ciudadanos de que la Administración es lenta en su actuación. Los invito a que examinen este expediente y comprueben la celeridad con que se actúa cuando hay intereses políticos en juego. Inmediatamente después de las actuaciones judiciales, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios vuelve a publicar la convocatoria, subsanadas ya las ilegalidades que la sentencia había apreciado. La prontitud de esta nueva convocatoria sería censurable si la comparamos con la lentitud de otros procedimientos que llevan meses e incluso años estancados en los vericuetos de la burocracia. Pero lo que ya crea un tinte irrespirable es que, ahora ya, sin tapujos, sin vendas, sin pudor ninguno, y en un uso abusivo del poder aplicando el dicho «si no quieres taza, toma taza y media», se nombra en comisión de servicio, esto es, a dedo, al candidato ya preseleccionado, bordeando la propia resolución judicial y poniendo bien a las claras quién manda aquí.

No se trata, por tanto, con esta nueva convocatoria, de elegir al mejor. Ningún candidato en su sano juicio, por muy abrumador que sea su currículum, se va a presentar a una convocatoria en la que ya está nombrado en comisión de servicio el candidato que va a ser «libre designado», sea cual fuere el resultado de comparar su currículum con el de otros aspirantes, por extensos que éstos sean.

Como dije en su momento en la exposición de mi memoria, la Administración no debe engañar al ciudadano, y menos aún a quienes están vinculados a ella por una relación especial como son los empleados públicos. Si ya tiene elegido su candidato, lo que no puede hacer es convocar un procedimiento abierto y jugar con las ilusiones y las expectativas de otros empleados públicos. El ordenamiento jurídico pone a disposición del gobernante la posibilidad de construir una Administración a su medida y calificar como puesto político lo que se quiere enmascarar como un puesto profesional.

Realmente los ciudadanos no nos merecemos los políticos que tenemos, que se han apropiado de los instrumentos del poder y juegan a su antojo con ellos, colocando en los puestos clave a sus afines y correligionarios. Los puestos no se crean pensando en la organización, en el interés público, sino en las personas. Esto constituye un uso abusivo del poder al margen de la justicia, del derecho y, sobre todo, de la ética pública.

Nada tengo –como ya se lo hice saber en numerosas ocasiones al interesado– contra el candidato elegido, pero sí contra el arbitrismo y el modo de nombrarlo.

Los ciudadanos, repito, necesitamos un soplo de aire fresco¸ una Administración que no produzca efectos contaminantes, una Administración seria, neutral y objetiva que respete los procedimientos y que persiga el bien común.

Ése es mi deseo.

Ramón Abascal García

Jefe del servicio de urología del HUCA