La muerte no se repara... se defiende la vida
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior español, la muerte no tiene reparación, apareja dignidad.
Cuando, en silencio, la muerte nos rodea en su silencio lleno de mensajes, los hombres de verdad agachan la cabeza y, dándose cuenta de lo que son, apartan las medallas, retrocediendo para que otros intenten lo que ellos no han conseguido, la justicia.
Su puesto, señor ministro, es difícil, muy comprometido con la política y a la vez con la realidad social. Nadie lo pone en duda... lo único que se pone en duda es si usted está capacitado para tal responsabilidad o si usted no es capaz de ser justo a pesar de la política.
Su jefe, don Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, "camaleón político" donde los haya, capaz de camuflarse en todos los aspectos que afecten a su persona, igualmente, como usted se olvida de que la muerte no tiene reparación, apareja dignidad.
Prefiere los "selfis" con las figuritas de los "Goya" que acudir a respetar a los guardias civiles, abandonados a su suerte, allá por el sur de España, territorio comanche en poder de los narcotraficantes.
Aquí, en España, los políticos, los que ostentan poder derivado de sus responsabilidades, deberían aprender que su gestión es un permanente período de responsabilidad institucional que acarrea dimisión cuando su desconocimiento, su dejación o su abandono de obligaciones lleva consigo consecuencias sociales graves.
Ejemplos de personas con cargos de responsabilidad pública los hay, y releer el "libro de Petete" de vez en cuando sería muy sano para todos los políticos actuales:
Ana Mato abandonó su cargo como ministra de Sanidad por su responsabilidad civil en el "caso Gürtel"; Mariano Fernández Bermejo, como ministro de Justicia tras la publicación de unas fotografías en las que se le veía en una cacería invitado por el juez Baltasar Garzón; Manuel Pimentel fue el primero, en el año 2000, al saberse que la mujer de uno de sus cargos de confianza era dueña de una empresa de formación que se benefició de fondos públicos; Alfonso Guerra, vicepresidente, por el escándalo que afectó a su hermano Juan Guerra; Julián García Valverde, como ministro de Sanidad, por un escándalo relacionado con la venta irregular de unos terrenos en Madrid; José Luis Corcuera, de Interior, tras el varapalo sufrido por la inconstitucionalidad decretada por el Tribunal Constitucional de dos apartados de su polémica ley de Seguridad Ciudadana; Antoni Asunción, alegando responsabilidad política en la huida de Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil; Vicente Albero lo hizo en 1994 de la cartera de Agricultura por no haber declarado a Hacienda 20 millones de pesetas diez años antes; Narcís Serra y Julián García Vargas dimitieron a causa del escándalo de las escuchas telefónicas ilegales del Cesid; Enrique Fuentes Quintana, por discrepancias con otros miembros de su gabinete; Francisco Fernández Ordóñez, por su oposición a distintos casos de tortura policial destapados en la época.
Creo que lo que falta son alumnos interesados en una gestión responsable y en una defensa justa del Estado y sus Fuerzas Armadas.
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