18 años del accidente minero mexicano en Pasta de Conchos

Una de las viudas de los mineros de Pasta de Conchos había estado en Asturias, compartiendo el dolor de las familias.

La brigada de salvamento minero de la empresa estatal española, con sede en el Pozu Fondón, había enviado ocho de sus efectivos a Pasta de Conchos, pero solo les permitieron "una revisión", y no el rescate que las familias y sindicatos reclamaban y reclaman.

Este 20 de enero el presidente de México López Obrador visitó a los familiares de Pasta de Conchos (región carbonífera de Coahuila) una mina propiedad de uno de los hombres más ricos del planeta, donde fallecieron 65, y el empresario se negó a rescatarlos.

Las familias le han recordado a López Obrador sus compromisos para efectuar ese rescate de los restos, cuando le quedan pocos meses de mandato.

El Presidente se comprometió a que el rescate continuará si su Administración concluye y no se ha terminado. También se comprometió a que serán tratadas por igual las familias que en esta Administración han perdido a un familiar minero. Y son varios los casos. Se demandan garantías de no repetición para evitar este tipo de siniestros.

López Obrador recibirá en el Palacio Nacional a las familias en abril. Y en julio volverá a Pasta de Conchos.

Las familias mineras estarán este lunes 19 en la Ciudad de México ante el antimonumento que recuerda a las víctimas (paseo de la Reforma).

Las familias han luchado dieciocho años con la consiga de "Rescate Ya".

Consideran que no hay una razón técnica, sino política para permitir que el poderoso Grupo México trate a los mineros como si fueran palas o picas.

Han recalcado que si la recuperación de los restos cuesta mucho dinero, eso no es culpa de las familias, sino del Grupo México, el Sindicato Minero y del Estado mexicano que operara esa mina en condiciones infrahumanas.

Se construyó un memorial, con los nombres de los mineros atrapados, pero las viudas, hermanas, familias de los trabajadores se niegan a que se inaugure hasta que el rescate no se produzca.

Las familias han vuelto a trasladar al Presidente que se investigue al Grupo México como negligente por las condiciones de la mina y las precariedades laborales.

Unas semanas antes del accidente, los trabajadores habían reportado algunas irregularidades en la mina, como alta concentración de gas metano, muy por encima de los estándares legales.

De los 65 solo fueron rescatados dos cuerpos de mineros del carbón. Los otros 63 están siendo demandados por las familias, al cumplirse este lunes 18 años del accidente.

Ante la insensibilidad de la empresa que por años negó la posibilidad del rescate y nunca se ha responsabilizado del accidente y ante la indiferencia e irresponsabilidad de las autoridades anteriores, no se permitió durante doce años desde el siniestro, y con expedientes a los que se les dio carpetazo tanto en el gobierno de Calderón como en el de Enrique Peña Nieto, que las familias recuperaran los restos de sus padres, esposos, hermanos, hijos, que todavía están atrapados, ni tampoco cerrar sus procesos de duelo.

Ante el desgaste de las familias y la nula respuesta del sistema de justicia mexicano, en 2010 las familias acompañadas por el Centro Prodh, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y la Organización Familia Pasta de Conchos se vieron obligadas a acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el litigio internacional -que aglutina a aproximadamente mil familiares de 58 de los 65 mineros que perdieron la vida- para que emitiera conclusiones y en su caso recomendaciones al Estado en materia de justicia, reparaciones y no repetición, invocando los derechos por la vida, la integridad, garantías judiciales, protección judicial, las familias consiguieron que el caso fuera admitido en la CIDH, a pesar del activismo del Estado mexicano para evitar que se abriera el expediente en el Sistema Interamericano por diferentes violaciones a derechos humanos.

Tras analizar las pruebas tanto del Estado mexicano como de las familias, en 2018 la CIDH dio la razón a los familiares; señaló que no se han determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos, ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores mineros, además de que, al tratarse de un delito perseguible de oficio, es el Estado quien tiene el deber de impulsar el proceso.

En 2019, el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de allanarse en un procedimiento internacional de derechos humanos, al año siguiente visitó la mina y firmo el Acta Compromiso para el Rescate Integral (que podría durar entre 4 y 8 años).

Por su parte, la poderosa empresa minera de Gustavo Larrea ni siquiera ha intentado participar en los gastos. Sigue pendiente el juicio y castigo a la empresa Grupo México, la minera más grande del país, con ramificaciones empresariales por todo el mundo, también en Aznalcóllar, Andalucía.

La misma empresa de Larrea en 2014 fue señalada como responsable del derrame de 40.000 litros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora.

Los familiares exigen el derecho a la verdad y a la justicia, y por ser violación a los derechos humanos, el gobierno debe responder a la demanda de reparación del daño y garantía de no repetición.