Artículo 47
Todos los españoles tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Párrafo con el que se inicia el art. 47 de nuestra Constitución y reconocido por el derecho internacional, aunque nuestra carta magna solo ha tenido un breve acercamiento al concepto de derecho fundamental después de la primera ley integral de vivienda a nivel estatal que se ha aprobado en el año 2023. Una ley necesaria, dada la ausencia de regulación en que se encuentra esta materia. Pero como todas las leyes, necesita de un seguimiento, adaptación y perfeccionamiento de sus directrices según se va avanzando en el establecimiento de su articulado... cosa que obviamente no se hace.
La demanda de alquiler no solo existe entre las personas jóvenes que necesitan emanciparse, sino en familias cuyos ingresos no les permiten hacerse cargo de ninguna hipoteca. Es cada vez más creciente la demanda en la que se denomina de larga estancia, que ha crecido un 15,4%, mientras la oferta desciende casi el 32%, dejando las comunidades y ayuntamientos campo libre a los fondos buitres, que hacen de la especulación su negocio, para convertirlos en pisos turísticos, más rentables económicamente, en perjuicio de los residentes y que no ayuda a fijar población en los municipios. Para saltarse las normas de la ley de vivienda las agencias inmobiliarias no solo sugieren elevar el precio del alquiler a los propietarios de los pisos, sino que manejan listados donde los requisitos que se piden rozan lo indecente, pagar el IBI de un año, un seguro a costa del inquilino, etcétera, cualquier argucia es válida con tal de asegurarse su porcentaje a costa del inquilino, al que, si no accede a ello, le hacen saber el listado tan amplio que manejan de demandantes de vivienda.
Desde las distintas administraciones, para paliar el problema, aprueban leyes y normas timoratas y tardías que no sirven para atajar un problema de primera magnitud. Declaran zonas tensionadas solo parte de los municipios o ciudades. Hacen la vista gorda con los grandes propietarios y las agencias, u ofrecen desde la macroconsejería de vivienda, a golpe de titular en los medios, parcelas de uso público donde se construirán dentro de unos años viviendas sociales, en una cantidad irrisoria dada la alta demanda. Esta solución ha demostrado no ser efectiva ya que esas viviendas se convierten en guetos donde los baremos para acceder a ellas son el grado de desgracia o problema que cada persona o colectivo tiene, haciendo que prevalezca la supervivencia a la convivencia. Hay muchos ejemplos de barrios en todo el territorio de Asturias donde la violencia, las drogas, etcétera, se adueñan de estos edificios o barrios, siendo imposible ofrecer un entorno de calidad donde criar a nuestros hijos.
Las ayudas, pocas y con una burocracia administrativa que dificulta el acceso a ellas en la mayoría de colectivos, aunque los retornados, refugiados de determinadas guerras, víctimas de violencia de género u otros colectivos más desfavorecidos cuentan con el apoyo y asesoramiento de las administraciones, hay una gran parte de la población que tiene verdaderos problemas para acceder a las ayudas a la vivienda. Se publicitan ayudas en todos los medios, como el bono joven que las distintas autonomías se encargan de gestionar. En el caso de Asturias debido a la alta burocracia y al poco presupuesto destinados a ello solo llega a una parte muy pequeña de la población joven, que sigue sin poder emanciparse y planear un futuro con garantías.
Desde las asociaciones, colectivos de barrio y sindicatos, hay que plantear y exigir soluciones a las administraciones para que se realicen actuaciones inmediatas como exige el problema, sin demagogias ni titulares donde se plasmen soluciones efectivas que no dejen agravarse un problema que empieza a ser crónico y degenerativo para la sociedad y las personas que vivimos en ella.
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