Ajuste fiscal y presupuestos
El pasado 14 de marzo, leí dos noticias que me hicieron meditar sobre la enorme laxitud que, a mi entender, se da en relación al cumplimiento de nuestro marco jurídico fiscal.
En una de ellas se daba cuenta de que el presidente del Gobierno prometía al comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, llevar adelante un "plan de ajuste fiscal a medio plazo". En la otra, la ministra de Hacienda y Función Pública manifestaba que el anuncio del adelanto de las elecciones catalanas imposibilitaba presentar los "presupuestos para 2024".
Quizás la promesa se deba a que la Comisión Europea, en su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario para 2024, advertía que este debería ser actualizado con las medidas que se aprobasen en los PGE de 2024 y recordaba que la situación presupuestaria de España no cumplió en 2022 el criterio de déficit establecido en el TFUE (quedar por debajo del 3% del PIB), lo que podría motivar, según los resultados que se dieran para 2023 (año en que tampoco se cumplirá el límite), la propuesta al Consejo de la UE, en esta próxima primavera, de la apertura a nuestro país de un procedimiento por déficit excesivo.
Pues bien, resulta que remitir a las Cortes Generales: a) un plan de ajuste fiscal a medio plazo está prescrito por el art. 22 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), con el nombre de plan de reequilibrio y b) un proyecto de Presupuestos Generales del Estado viene impuesto por el art. 37 de la Ley General Presupuestaria (LGP), sin que se contemplen circunstancias que eximan de la obligación.
Ambas normas desarrollan preceptos de la Constitución y, por ende, recogen la voluntad soberana del pueblo español en materia fiscal, por lo que su incumplimiento supone un desacato que no queda redimido con promesas a las autoridades de la UE, ni justificado por adelantos electorales de ámbito autonómico.
Es cierto que, a comienzos de año, el Ejecutivo dio los primeros pasos (presentar un proyecto de plan de reequilibrio, con un contenido deficiente a juicio de la AIReF, o plantear unos objetivos de estabilidad presupuestaria, acordados tardíamente) para iniciar los procedimientos legislativos tendentes a la aprobación de un plan de ajuste y de unos PGE para 2024 que no avanzan por el rechazo del Senado. Sin embargo, la realidad es que parecen ser las instituciones europeas las que imponen la marcha de la política fiscal.
Admitiendo la importancia de otros asuntos como la amnistía a los secesionistas catalanes o la renovación del CGPJ, creo que la cuestión de las cuentas públicas merece por parte de nuestros políticos un respeto riguroso a los procesos legales establecidos y hacer una oposición basada en la defensa del interés general y no meramente con el fin espurio de hacer caer al Gobierno.
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