Nico Neira

El 1° de mayo de 2005 Nicolás y varios amigos decidieron participar en la marcha. Era la primera vez que asistía a una manifestación. Se encontraba en la carrera séptima con calle 19, centro de Bogotá, cuando Néstor Julio Rodríguez Rúa le disparó una bomba lacrimógena a menos de cinco metros de distancia, de manera directa, que le impactó la cabeza, lo que le produjo una fractura de 26 centímetros en el cráneo. Después de que Nicolás cayó, agentes del Esmad se acercaron y le propinaron una golpiza.

En el juicio el médico forense manifestó que Nicolás sufrió dos clases de traumas: la lesión de la cabeza fue con una energía mayor; y las lesiones de tejidos blandos que están en la nuca y por encima de las líneas de las escápulas, que se propiciaron con una energía menor. El forense añadió que encontró lesiones en el cuerpo que, de acuerdo con el análisis de elementos probatorios, fueron causadas con el bastón tonfa que portan los agentes del Esmad.

Y testigos presenciales aseguraron que, después de que Nicolás cayó, fue golpeado por varios uniformados repetidas veces.

El patrullero Néstor Julio Rodríguez Rúa hacía parte de la primera sección del Esmad. La segunda sección era comandada por el capitán Julio César Torrijos Devia. Ambas secciones hacían parte de la Móvil 1 que, a su vez, era comandada por el mayor Fabián Mauricio Infante Pinzón. Tanto el capitán como el mayor estuvieron involucrados en los hechos posteriores a la muerte de Nicolás. El patrullero Néstor Julio Rodríguez Rúa fue condenado por el delito de homicidio a título de dolo eventual, a 17 años de cárcel, 16 años después del homicidio.

Los policías mintieron con descaro diciendo que Nicolás había tropezado y se había caído.

En 2017, el capitán Torrijos Devia aceptó cargos cuando ya existía prueba de lo sucedido. El capitán fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por encubrimiento por favorecimiento del homicidio.

Y al mayor Infante Pinzón se le anunció también este año fallo condenatorio por encubrimiento en calidad de determinador: fue este quien le dio la orden al capitán Torrijos de instruir a los agentes del Esmad para que mintieran ante las autoridades y evitar que alguno de ellos fuera juzgado.

Los delitos cometidos contra Nicolás fueron: homicidio, lesiones, encubrimiento del crimen y falso testimonio.

El papá de Nicolás, Yuri Neira, tuvo que salir de Colombia (vive en Asturias).

Su vida la dedicó a exigir justicia y verdad luego del crimen de su hijo. Pero, como consecuencia de sus persistentes reclamos, padeció un intento de homicidio por medio de sicarios, varias detenciones arbitrarias durante las cuales lo torturaron, golpearon y hostigaron, creando falsos positivos judiciales en su contra.

"Dos sicarios en moto llegaron a su vivienda, que tenía unas rejas en el antejardín. Timbraron. Yuri salió y notó una actitud sospechosa de los hombres, uno de los cuales ocultaba la mano en la chaqueta. Le preguntaron si allí vivía la señora Yuri. Él contestó que no estaba y que le iba a avisar. Se devolvió hacia la puerta de la casa cuando los individuos se dieron cuenta. Uno de ellos empezó a empujar la reja y disparó, pero Yuri ya había ingresado a la casa. Se salvó, como él mismo dice, por tener nombre de mujer. Al padre de Nicolás lo detuvieron varias veces en unos CAI cercanos y fue objeto de golpes y falsas acusaciones. Por eso decidió irse para el exterior." Cuenta su abogada Alejandra Garzón.

"Existe una clara sistematicidad en la violencia contra quienes ejercen el derecho a la manifestación pública, y en importante medida en contra de los jóvenes en las edades de 14 a 28 años, quienes representan el 70% de víctimas de la violencia policial en el marco de la protesta".

El crimen en contra de la humanidad de Nicolás dejó en evidencia la estructura criminal que existe dentro de la fuerza pública, la solidaridad de cuerpo para perpetuar la impunidad, la violencia y el desprecio por la vida.

"A 20 meses del gobierno Petro, el país continúa con una fuerza pública que ve al ciudadano como un enemigo. Una fuerza pública que ataca a los más vulnerables, que actúa con una violencia exacerbada y sistemática ante la movilización social. Una fuerza pública que ejerce actos de violencia sexual contra las mujeres, ante las expresiones, orientaciones e identidades de género, ante las personas feminizadas, ante las disidencias sexuales y de género. Una fuerza pública con vínculos con redes de criminalidad organizada y, que en campos y ciudades continúa cometiendo crímenes y delitos como detenciones ilegales, torturas y asesinatos. Continúan las intimidaciones, abusos y perfilamientos, repitiendo un patrón que claramente se ha consolidado tanto como violencia estatal de protección al poder, como violencia sociopolítica y también en el marco del conflicto armado colombiano, todo lo anterior agravado por la continuidad que en este gobierno se da del militarismo y trato de héroes."

Las víctimas del actuar criminal de la fuerza pública, en especial de la policía nacional y el Esmad, los familiares, activistas, comunidades rurales y urbanas, defensores y defensoras de derechos humanos, estudiantes, sectores sociales y populares siguen exigiendo al gobierno de Gustavo Petro que cumpla su promesa de campaña de una reforma estructural de la fuerza pública, desmontar el Esmad y generar las condiciones para que sea una realidad la libertad de los presos del estallido social como garantía a la protesta, a la de verdad, justicia y la no repetición.