Sindicatos de clase, pero ¿de cuál?

No fue ninguna casualidad que en la semana de inicio de presentación de solicitudes en los centros escolares para el próximo curso, cuatro organizaciones sindicales de la enseñanza pública asturiana (SUATEA, UGT, CC OO y CSIF) convocasen una manifestación el 27 de abril exigiendo una mayor financiación, que luego la repitieran el 31 de mayo (precedida esta de un encierro en un colegio público de Oviedo) y que hayan convocado una huelga para el 10 de septiembre. Nada hay que objetar ni en la oportunidad ni en las acciones ni en su reivindicación, pues el objetivo de cualquier sindicato es mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Lo que no es admisible es esgrimir que la Administración se niega porque ha optado por mantener el negocio de la privada-concertada, a la que se han destinado este curso 105 millones, o que la escuela pública no se está financiando adecuadamente mientras hay un dispendio con la concertada. Declaraciones que se añaden a otra que se publicó en prensa en la que SUATEA afirmaba que se podrían eliminar 41 unidades de centros concertados asturianos en la zona de Cuencas y en Avilés, pues esos alumnos caben en los centros públicos.

Un sindicato que se llama de clase no puede defender los intereses de unos trabajadores a costa de los de otros, en este caso, de los intereses de 4.000 trabajadores del sector de la enseñanza concertada. Y mucho menos cuando dos de estos sindicatos realizan acción sindical en ambas redes de centros. Pues o bien se engaña a los trabajadores de una red o bien, por contradicción manifiesta, a los de ambas. En este sentido, desde CC OO, se denunció que la Consejera desoía sus peticiones mientras se reunía hasta en cuatro ocasiones con la concertada. Lo que no se decía es que su organización también estaba presente y que estas reuniones estaban relacionadas con la mesa de negociación del Acuerdo de Calidad Educativa y de Mantenimiento del Empleo en los centros concertados, que se ha cerrado sin apenas mejoras para los trabajadores.

Sin embargo, lo más grave es presentar su demanda de supresión de unidades como si esta solo dependiera de la voluntad de la Administración. Y esto ya es engañar a la opinión pública. Engaño que resulta de confundir los deseos de estas organizaciones con la ley a la que estamos todos sujetos, tanto ciudadanos como administraciones, y que todos, mientras estén vigentes, debemos respetar.

Desde 1985, con la LODE, primera ley orgánica educativa, hasta la vigente LOMLOE, todas sin excepción recogen el mismo modelo educativo sostenido con fondos del estado. El servicio público educativo se presta a través de dos redes de centros que son complementarias. En ningún caso se afirma que la concertada sea subsidiaria de la pública, como sostienen algunas de estas organizaciones sindicales. Existen además varias sentencias del Tribunal Supremo que avalan este principio de complementariedad de las dos redes. Las leyes solo han desarrollado el derecho que asiste a las familias para elegir con libertad el centro para sus hijos. El principio de libertad de elección solo tiene el contrapeso de la función de planificación, que sí es privativa de la Administración autonómica.

La supresión de una unidad en un centro concertado por decisión administrativa está recogida en el Reglamento de Conciertos (BOE: 27/12/1985). No es arbitraria. Y cualquier incumplimiento en este sentido es recurrible en vía administrativa. Esta es la realidad legal a la que está sujeta la Administración y que contradice los deseos de estas organizaciones sindicales.

Esta confusión, además, queda agravada porque se utilizan juicios de valor, en lugar de argumentos, como cuando se califica de despilfarro y de dispendio el destinar semejantes cantidades de dinero a sostener artificialmente a la concertada. Si partimos de los resultados del último informe PISA (2022), que aparecen discriminados por comunidades autónomas y por redes, la concertada asturiana obtuvo los mejores resultados de España y semejantes a los de los tres primeros países del mundo. Y esto, cuando sus docentes, por aula, son muchos menos y tienen más alumnos, imparten siete horas lectivas más y las diferencias salariales pueden llegar a ser de hasta mil euros menos al mes. Lo que lleva a que la inversión del Principado en un alumno de la concertada sea de 3.280 euros mientras que en uno de la pública se duplica, 7.702 (Informe Consejo Escolar 2021-22). ¿Dónde está, entonces, el despilfarro o el dispendio? La enseñanza concertada asturiana tiene una de las productividades más altas de Asturias y de España, como José Manuel Cueto González, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Enseñanza Concertada de Asturias (OTECAS), manifestó en un artículo sobre "Enseñanza concertada y productividad" publicado también en prensa. Quizá esta sea una de las razones por las que la Consejería de Educación sigue desoyendo la campaña de movilizaciones que, desde diciembre de 2022, OTECAS está llevando a cabo para exigir la equiparación retributiva en unidad de acción con otras organizaciones sindicales, entre las que no figuran ni CC OO ni UGT.

Aunque de ilusiones se puede vivir, no es saludable para una sociedad confundir deseos con realidades y está contraindicado el dejarse engañar por organizaciones que, valiéndose de argumentos inexactos y de juicios de valor, presentan como idea fuerza ante los docentes de la red pública que la solución pasa por el enfrentamiento entre redes y por la desaparición final del sector de la concertada y, con ella, la de sus trabajadores, a los que convierte en de usar y tirar.

Y se hacen llamar sindicatos de clase, pero ¿de cuál? De la de los suyos, porque de la mía, no.

José Villaamil Gómez de la Torre,

secretario de comunicación de OTECAS

Oviedo