Exportación de armamento a Israel y Colombia
Recientemente LA NUEVA ESPAÑA se hacía eco de una nota difundida por la portavoz del Ejecutivo asturiano mediante la que desautorizaba al director de la Agencia Asturiana de Cooperación por haber enviado una carta al presidente del Gobierno español en la que, entre otras cosas, solicitaba la suspensión de las exportaciones españolas de material de defensa y doble uso a lsrael y Colombia, así como el impulso, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de un embargo de armas inmediato y exhaustivo a todas las partes en conflicto en Gaza.
Sin entrar en la disparidad de criterios que pueda existir en el Gobierno asturiano, me parece oportuno señalar la importancia de que las autoridades de cualquier escala de la administración estatal, autonómica, municipal se puedan dirigir a otros responsables políticos recordándoles sus compromisos, en este caso en la esfera de los derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional instan constantemente a autoridades de todo el mundo a que utilicen así la influencia que puedan tener. De hecho, esta organización se ha dirigido durante el último año a diferentes autoridades regionales y locales asturianas para solicitar, aunque con escaso éxito, su apoyo para exponer diferentes preocupaciones en materia de derechos humanos a dirigentes de China, Colombia, Israel y la Autoridad Palestina.
En el caso que nos ocupa, las transferencias de armas a Israel y Colombia son contrarias a la Ley española de Comercio de Armas, aprobada en diciembre de 2007, que prohíbe las exportaciones de armamento cuando existan indicios de que el material de defensa y los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, o puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos. Además, el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas también prohíbe transferencias si provocan o prolongan conflictos armados o agravan las tensiones o conflictos existentes en el país de destino, o si los receptores son países donde se violan los derechos humanos.
Me gustaría que en el futuro este tipo de actuaciones no volviera a ser motivo de controversia y que, al contrario, sirviese para unir en la defensa de los derechos humanos a quienes tienen la responsabilidad de representar y administrar la sociedad asturiana. Todos los derechos para todas las personas rezaba el título del manifiesto proclamado por la Junta General del Principado de Asturias el pasado diciembre, con motivo del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que ese compromiso sea efectivamente renovado por el bien de la humanidad.
Francisco Javier Fernández López,
Presidente de Amnistía Internacional en Asturias
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