La casa

18 de Julio del 2024 - Hugo Martínez Villar (Oviedo)

Quizá algunos hayan visto recientemente la conmovedora película de este título basada en la premiada historia gráfica de Paco Roca. El final bien habría podido ser como el de este ejemplo que les paso a describir.

Un familiar construyó hace un siglo una casa de indiano, tras volver después de hacer fortuna en América, y perteneció a mi familia durante varias generaciones. Posteriormente, tras 25 años en propiedad de una pareja, sin relación familiar con los anteriores propietarios pero sí con fuerte arraigo en la zona, acaba de venderse por medio millón de euros a un matrimonio estadounidense, sin ninguna relación con la región ni posibilidades de instalarse aquí a corto ni medio plazo. Conseguir derechos de residencia para sus hijos podría estar entre los motivos.

Hemos visto cómo otras zonas han quedado arrasadas por la especulación urbanística y las modas pasajeras para beneficiarse de la visa de oro, ahora puesta en cuestión. En otras regiones del mundo menos desarrolladas, e incluso en ciertos países de la Unión Europea, se han protegido al revés: requiriendo la nacionalidad para invertir en propiedades y negocios, a veces con la posibilidad de hacerlo en sociedad (lo cual incitó al uso de testaferros y sociedades pantalla), aun con las limitaciones para limitar la movilidad de nacionales europeos.

La gentrificación parece cosa urbana y de otros y solo se considera un problema cuando afecta particularmente, pero no son solo sus damnificados estratos marginales ni sus beneficiarios multimillonarios. Si se quiere fijar población al territorio y dar opciones de vida que eviten vaciar más el rural o lo conviertan en un área residencial (más aún de expatriados, jubilados o nómadas digitales, que al poco tiempo pueden estar radicados en cualquier otra zona del mundo, al capricho del cambio climático, incentivos fiscales o cuestiones geopolíticas), el criterio mercantilista no puede ser el único.

Si el único criterio para la adquisición de propiedades es el poder de compra, beneficia sin duda a los propietarios que fijan el precio según el mejor postor y a los agentes inmobiliarios que aumentan sus comisiones, pero ni beneficia al tejido empresarial que no se ve afectado más que puntualmente, ni a los residentes de larga duración que ven limitadas sus opciones de forjarse una vida ligada a una propiedad o un alquiler y les puede forzar a irse como así ha sucedido y sucede en otras zonas, ni al futuro de la región que se basa en las relaciones comerciales y personales entre sus integrantes.

Los casos puntuales pueden no parecer un problema, pero el contexto de los últimos años indica que será una dinámica que seguirá creciendo exponencialmente. Ciertas opciones populistas, extremadas en sus medidas y equivocadas en sus planteamientos, de palabra prometen proteger a los que ninguna otra opción parece escuchar, y se aprovechan de esta indefensión y falta de expectativas. Es hora de plantar cara a este problema antes de que empiece a ser una realidad omnipresente como así ha sido en numerosos lugares donde no se le hizo frente a tiempo por parte de las administraciones, creando situaciones muy difíciles de revertir en lo económico y en lo social.

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