Ruido de maletas: a propósito del turismo, los pisos turísticos y otros incordios

Últimamente abundan, un día sí y otro también, los comentarios en telediarios, tertulias y prensa de entendidos y expertos, además de los políticos de diferentes perfiles y alcaldes, acerca de los problemas que provocan, en ciudades y pueblos, los pisos turísticos o viviendas de uso turístico. Los propietarios de una vivienda o piso turístico (VUT en la nomenclatura oficial asturiana) tal parece que pertenecen a una siniestra cofradía de malvados que echan de su barrio a los vecinos de toda la vida y alteran la identidad cultural del mismo, a juzgar por lo que se oye y se lee.

Me permito realizar una aproximación a este tema.

Cuando España se abrió al turismo, tanto nacional como extranjero, todo eran bendiciones y alabanzas: se movía dinero, se creaba empleo hotelero y hostelero, los taxistas y empresas de alquiler de coches mejoraban su caja, las tiendas y supermercados vendían más, etcétera; en suma, se creaba riqueza aumentando el PIB y mejoraba la balanza de pagos con las divisas: todo iba viento en popa a toda vela, y así, durante años sucesivos, se iba batiendo el listón del año precedente con la consiguiente algarabía ante la millonada de visitantes repartidos, en mayor o menor medida, por todas las comunidades autónomas.

Para albergar tal avalancha turística, a lo largo de estos años fue necesario construir numerosos hoteles, apartamentos y campings, por doquier. A su vez, aumentaron las segundas residencias en los pueblos y comenzó un turismo en el medio rural con casas rurales, etc. Obviamente, todo esto movilizó constructores, carpinteros, cristaleros, fontaneros y un sinfín de profesionales, con la consiguiente repercusión tanto en el empleo como en los dineros de los ayuntamientos por licencias, permisos e impuestos que se entiende habrán contribuido a mejoras de diversas índoles en los municipios.

Ahora, casi a punto de "mori successu" (morir de éxito), nos topamos con los problemas que se imputan a la aparición y proliferación exponencial de los pisos turísticos, que expulsan a los vecinos de sus barrios y calles de toda la vida y ponen en peligro su identidad cultural, de la mano de fondos buitre y de otros fondos de inversión (véanse los informes de algunas plataformas inmobiliarias como Idealista y de la asociación Exceltur, formada por treinta de las más relevantes empresas de toda la cadena turística para tomar conciencia de la repercusión del fenómeno de los pisos turísticos).

Todos conocemos las dificultades para encontrar un piso de alquiler tradicional tanto para crear una familia como para profesionales que ejercen su labor en la localidad en cuestión, pues incluso los que realizan actividad profesional en el propio mundo del turismo tienen que pernoctar en sus coches o caravanas, y con la nueva ley de Vivienda, "como éramos pocos parió la abuela" y hay menos viviendas de alquiler disponible en el mercado.

Ante tal panorama vienen las ansias por regularlo todo para que deje de ser un problema y quede en un modelo, se dice, sostenible. Y, por otra parte, ciertas organizaciones claman por que que se regule aún más (opino que ya está bastante): la patronal turística asturiana, que aglutina al 90% del sector, tiene claro por dónde debe ir la anunciada regulación que el Principado quiere hacer de las viviendas de uso turístico (VUT), los pisos privados que se alquilan como alojamiento turístico.

Estimo que a estas organizaciones no es la masificación y el turismo invasor lo que acentúa su preocupación, pues para masificación basta mirar las terrazas situadas en aceras y plazas de pueblos y ciudades, en las que apenas un peatón puede pasar tranquilamente y no digamos alguien en silla de ruedas, y ante esto nada dicen (¿será esto el turismo sostenible para estas organizaciones y los ayuntamientos?).

Creo que lo que pretenden poniendo trabas es la desaparición de este tipo de alojamientos, olvidando que están perfectamente regulados por el decreto 48/2016 del Principado de Asturias y debiendo declarar los ingresos en el IRPF y el ITP en los Servicios Tributarios del Principado de Asturias, y si hay algunos que no lo hagan así, persíganse por los servicios de inspección y ciérrense.

Además, ayudan a crear o mantener empleo contratando los servicios de empresas de limpieza y lavado de ropa, y también colaboran en la creación de riqueza en los concejos, pues cuántos se alojan en este tipo de alojamientos han utilizado en los municipios sus tiendas y supermercados, comido en sus restaurantes, repostado combustible en sus gasolineras, etc., no teniendo nada que ver con fondos buitres y otras monsergas, ya que parece que la regulación pretendida no va a hacer distingos entre ciudades muy turísticas y pequeños pueblos, quedando estos en verano poco menos que muertos o simplemente como pasatiempo de multitudinarias visitas rápidas, que nada aportan, pero que entorpecen mucho.

Y sobre la pérdida de identidad cultural, ¿qué decir? Todos vemos en grandes ciudades de Asturias, por no salir de aquí, que hay barrios que no se parecen en nada a lo que eran hace tan solo treinta años. La agregación continua de personas procedentes de la inmigración ha cambiado la fisonomía de las pequeñas tiendas y comercios de los barrios, así como las vestimentas y costumbres de los mismos (yo vivo en uno que parece la ONU). Y no hay pisos turísticos causantes de ello.

¿Y de la falta de pisos para el alquiler tradicional que permita la formación de familias y el alojamiento a profesionales de todo tipo? Ya dejé constancia más arriba de que la nueva ley de Vivienda no es ajena a esta carencia. Los primeros obligados a resolver tan acusado problema son las administraciones públicas poniendo suelo para la construcción de viviendas y no recurriendo a la mortificación del propietario privado. Me temo que en el trasfondo de todo esto subyace o tiene cierta importancia lo siguiente: si se construyen muchas viviendas sociales, las rentas no son altas, los deterioros con el paso del tiempo aumentan, quienes las habitan más bien carecen de recursos suficientes, y las reparaciones son costosas para las administraciones y, por tanto, no es rentable el tema; mejor sacar a relucir el populismo con apelaciones a la solidaridad para con los vulnerables (unos de verdad y otros presuntos) y que sean los propietarios privados los que paguen la fiesta.