Lo que garantiza el Tribunal de Garantías
Las recientes sentencias del Tribunal Constitucional (TC), también llamado de Garantías, ponen a tope la autoestima de Chaves y Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía. La tenían un poco baja después de ser condenados en sentencia firme por prevaricación y malversación al permitir el reparto de 679 millones de forma arbitraria, clientelar y opaca. De ellos, 130 al menos, con prodigalidad, pues terminaron en las cuentas de 70 militantes; casi a dos millones por barba. Un pasar.
La mayoría progresista del TC estima que la facultad de formular propuestas de ley es "una prerrogativa del Gobierno de naturaleza jurídica diferente de la administrativa" y, por tanto, no sometida al imperio de la ley. En consecuencia, la Audiencia de Sevilla y el Supremo se habrían extralimitado en sus funciones, no respetando la separación de poderes, al condenar a Chaves y a Griñán. Aplicando el sentido común, salta a la vista que quien invade flagrantemente el ámbito del Poder Judicial es el TC al sacar de la jurisdicción penal lo esencial de la acción gubernamental, y al erigirse en tribunal de casación enmendando la plana al Supremo en la calificación de los hechos juzgados. En palabras del voto particular, el TC atribuye a los gobernantes "un privilegio de inviolabilidad e inmunidad".
Parece evidente que se trata de una doctrina "ad casum" que sus señorías se sacan de las puñetas para sacar de apuros a la cúpula socialista de Andalucía. La llamada "mayoría progresista" del TC la constituyen media docena de ilustres paniaguados (siete, para ser exactos), colocados en la cúspide del Estado con encargo de despejar cualquier traba legal con que puedan tropezarse los dudosos movimientos o imprevisibles bandazos de un Sánchez a la deriva o a remolque de los nacionalistas. Se ha ido produciendo una ocupación del Estado sin escrúpulos ni disimulo, distribuyendo los puestos entre "los de la partida", como quien reparte un botín.
Qué Gobierno, qué sátrapa, no dispone de un Parlamento dispuesto a aprobarle con entusiasmo las fechorías que le someta. Maduro, sin ir más lejos, en 2015 dispuso de dos: cuando la asamblea salida de las urnas le resultó respondona, la declaró en desacato y se sacó otra, más cómoda, de la manga. Las "leyes de desconexión", la convocatoria de referéndum, la declaración de independencia fueron votadas por el Parlament. Las leyes raciales, preámbulo a la "solución final", fueron aprobadas por unanimidad por el "Reichstag" (1935). Si la doctrina Pumpido fuera asumida por el TEDH, asistiríamos a millones de rehabilitaciones.
¿Qué va a pasar con los 679 millones? Carmen Calvo, ministra de esto y de lo otro, presidenta del Consejo de Estado (otra "de la partida"): "El dinero público no es de nadie". El dinero público vaga por páramos y veredas buscando amo, como perro perdido sin collar. Los socialistas, en el Parlamento andaluz, votaron durante años unos presupuestos con subvenciones a caño libre. Ese maná les permitió a no pocos hacerse ricos y a todos, ganar elecciones. El Tribunal de Garantías garantiza que todo quede en casa. Chaves y Griñán están muy animados: cuando vuelvan a ganar, reeditarán (ahora con la garantía del TC) los presupuestos con la partida 31L, también conocida como el "fondo de reptiles", que tan pingües beneficios había reportado a la "famiglia" progresista. Eso sí, este verano está resultando más caluroso que el anterior; la ciudadanía, a acatar y a sudar. Al dinero público échenle un galgo.
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