La razón, la justicia y los procedimientos jurídicos

Si los procedimientos jurídicos se hacen para pervertir, adulterar y/o anular los criterios que dictan los más simples argumentos de la buena razón, entonces el Estado de derecho se convierte en una pantomima destinada a confundir a los más ingenuos, pero sin conexión alguna con la Justicia (con mayúscula).

Tal pareció ser la intención del Gobierno asturiano y de la Junta General del Principado de Asturias con las diversas decisiones normativas, incluida la Ley 6/2009 de Evaluación de la Función Docente y sus Incentivos: impedir, con enredos jurídicos, que la Razón y la Justicia (ambas con mayúscula) llegaran algún día a imponerse en el conflicto que enfrenta a una parte de los docentes con el Gobierno asturiano, sin importarles que, con tales embrollos, el Estado de derecho quedara hecho unos zorros.

Recuérdese que en diciembre de 2006 se firmó un acuerdo sindical por el que los docentes cobrarían una cantidad de dinero con el único requisito de experiencia mientras no hubiera marcos normativos correspondientes para la carrera profesional, acuerdo que fue vulnerado en mayo de 2007 por el Gobierno al imponer unilateralmente dos condiciones para el cobro: aceptar las condiciones futuras de la carrera docente todavía hoy inexistente y comprometerse a devolver el dinero si no aprobaba la carrera. Una parte del profesorado consideró que se trataba de una artimaña inaceptable que, por un lado, rompía el acuerdo y, por otro, suponía una imposición que atentaba contra nuestra dignidad profesional y se negó a ello. ¿Cómo aceptar firmar unas futuras condiciones laborales sin que se explicite nada de ellas? ¿Qué sector laboral puede asumir una firma en blanco sin saber ni siquiera en qué va a consistir el marco que te van a imponer por esa firma?

La cuestión es que unos profesores aceptaron la firma a ciegas y otros no y el Gobierno, siguiendo sus planes secretos, comenzó a pagar el complemento no como complemento de carrera profesional (no podía hacerlo por faltar marco legal) sino como un complemento de productividad, de naturaleza distinta de la encaminada a retribuir la carrera (primera chapuza). Dado que esto se consideró ilegal hubo multitud de recursos, tanto individuales, exigiendo el cobro, como colectivos, denunciándolo. Respecto a los primeros, la mayoría de las sentencias no entraron en el fondo del asunto alegando que existía un recurso a la propia norma y que había que esperar a la resolución del mismo. No obstante, en algún caso el juez sí entró en el fondo y dio la razón legal a los denunciantes, obligando al Gobierno a pagarles como a los que ya estaban cobrando. Respecto a la norma, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaró ilegal aquel ardid chapucero del Gobierno.

La lógica de la Razón, y también de la Justicia, llevaba a pensar que el Gobierno enmendaría la injusticia y restablecería la igualdad entre los docentes. Pero este Gobierno no estaba por dar la razón a quienes la tenían y se sacó de la manga una ley (la Ley 6/2009 o segunda chapuza) para que siguieran cobrando los que cobraban y dejando fuera a los que no habían percibido el complemento de productividad que se había inventado para aquellos.

De esta forma, hoy tenemos cuatro grupos de docentes derivados del galimatías legislativo del Gobierno y la Junta General: los que firmaron la adhesión a la imposición ilegal y cobran el complemento, a la espera de la evaluación; los que cobraron pero nunca podrán ser evaluados (están jubilados); los que no la firmaron pero sí cobran por sentencia judicial y, finalmente, los que no se adhirieron a la resolución ilegal –según el TSJA– y no cobran.

¿Cómo explicar esta situación desde una perspectiva racional? No resulta sencillo. El argumento que los defensores del galimatías suelen utilizar es que la diferencia entre los que cobran y los que no lo hacen está en que aquellos sí aceptaron las condiciones a futuro y estos otros no, ligando el cobro a la evaluación que habrá de venir. Sin entrar en otras consideraciones muy dignas de ser valoradas –en las que ahora no voy a entrar–, el argumento sería válido si hubiera sólo dos grupos. Pero no es así. ¿Cómo explicar, conforme al dictado de una recta Razón, que unos que no firmaron sí cobren (por sentencia) y otros no lo hagan? Prescindamos del hecho de que, contando el año 2011 suman ya cinco años sin que exista marco normativo correspondiente (nueva razón contra aquella aberración impuesta por la resolución de mayo de 2007). Demos por bueno (y hay que ser muy bueno para admitirlo) que en ese futuro sucederá lo que el Gobierno dice: habrá evaluación y los que no aprueben tendrán que devolverlo, por lo cual los que no se apuntaron no tienen derecho (qué fácil es imaginar la chapuza que harán con la evaluación para tapar el sinsentido que surgiría si alguien no la supera y no se le puede pedir que devuelva todo el dinero porque han pasado más de cuatro años desde que empezó a cobrar). Vale, todo está supeditado a esa futura evaluación y, por tanto, la chapuza quedará inmaculadamente limpia cuando todos los que están o estuvieron cobrando sean evaluados. Pero, claro, en las medidas tramposas siempre hay agujeros, cosas que se van desarreglando con el paso del tiempo (e individuos de mal vivir que se empeñan en sacarlas al tablero de la razón). Y entonces preguntan, oiga Presidente, Consejera, a las más de mil jubilados que nunca van a ser evaluados y que cobraron ese concepto sin que fueran evaluados ni puedan serlo en el futuro, ¿van a obligarles a devolverlo? Esa desigualdad manifiesta (la otra es idéntica pero estoy poniéndome en las sinrazones del des-gobierno), ¿va a ser corregida con otra chapuza: exigirles la devolución del dinero cobrado? Casi me da pavor formularlo, pues los sinrazón pueden llegar a cualquier grado de irracionalidad y ponerla en práctica.

¿Y por qué ahora, con estas contradicciones tan evidentes, no se corrige jurídicamente el asunto? Pues por eso, porque los procedimientos jurídicos sobre todo este asunto no están pensados para que prime la Justicia y la Razón (con mayúscula) sino para que los que metieron la pata sigan teniendo razón y ganen en la justicia (con minúscula) contra los que no aceptaron la sinrazón. Y así, la desigualdad ilegal sigue viva y ahora los jueces arguyen, y tendrán razón, que no cabe alegar la igualdad en la ilegalidad. Y, mientras, sigue la ilegalidad y la desigualdad y la sinrazón y la injusticia. Y dicen que no hay remedio.

Pero, ¿todo este empecinamiento en el embrollo es sólo fruto de la incapacidad? Quizá no. Tal vez haya una razón detrás de todo este lío jurídico y social, justificadora de este mantenella y no enmendalla del Gobierno. Es posible que sea una oscura razón pedagógica la que los llevó en este enredo: procurar que de ninguna manera los díscolos (los que no se sometieron a la ilegalidad de mayo de 2007 impuesta por el Gobierno) puedan alcanzar, ni siquiera en el ámbito jurídico, lo que la Razón dice que es razonable.

¡Y pensar que esto lo aprobaron en la Junta General del Principado el PSOE e IU, dos pretendidos partidos de izquierda, que pretenden inocular en la mente de la gente que los rebeldes deben ser perseguidos! Da ganas de llorar.

Alejandro Álvarez López

Profesor de Secundaria del IES de Llanera