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La Constitución ya no me convence

15 de Febrero del 2011 - José Ramón Rodríguez Fernández (Oviedo)

Tengo que decir que mi visión de la Constitución española en general ha sido bastante positiva. Se habla en ella de un Estado de derecho, social y democrático, de la unidad de España y sobre todo de los derechos fundamentales de los españoles, como de su libertad y sus deberes. Así, considera que el derecho a la vida es primordial. Sin embargo, ya ha habido en nuestro país dos leyes que no sólo permiten abortar en ciertos casos, sino que consideran el aborto como un derecho. Entonces, ¿en qué quedamos? Por eso, quiero desde aquí hacerle alguna crítica a esta carta que la mayoría de los españoles hemos votado para que nos sirviera de convivencia, pero que no está dando los resultados esperados, sino más bien todo lo contrario.

El primer defecto que le encuentro es una gran vaguedad en determinados puntos que permite satisfacer a todos los partidos, e incluso alguna que otra contradicción. Tal es la vaguedad de este texto que el Tribunal Constitucional, hoy tremendamente politizado, tarda años en tomar una decisión sobre un determinado asunto, y al final saca una sentencia confusa y de difícil interpretación que no satisface a nadie. Se dice que el Rey es el jefe del Estado, que desempeña funciones de naturaleza simbólica y que carece de poder efectivo de decisión. Yo no puedo estar de acuerdo con que un jefe de Estado, que durante años ha recibido una preparación especial para este importantísimo cargo, no pueda decir nada ni siquiera en esta situación de crisis y si lo dice siempre será criticado. Si el Rey no tiene ninguna función habrá que pensar qué hacer con él. Todos hemos alabado su actuación del 23 de febrero de 1981, pero parece que ni para eso tenía competencia.

El Senado es en la actualidad una institución sin función alguna, en el que se ha decidido no sólo hablar en español, sino en las lenguas vernáculas que han de ser traducidas con el correspondiente gasto. Ahora, en vez de suprimirlo, como ya hizo el socialismo durante la II República, los políticos de hoy por razones obvias andan buscándole algún cometido, como órgano de representación territorial para poner de acuerdo al Gobierno central y a las autonomías. Los países escandinavos y Dinamarca no tienen Senado porque lo consideran innecesario. Otros países como Alemania y Estados Unidos tienen un número simbólico de senadores muy inferior al nuestro.

Si España es una nación no se puede hablar de que en ella existen distintas nacionalidades, sino más bien regiones. Los padres de la Constitución, en ese afán de un consenso aunque ficticio, no respetan ni el lenguaje. ¿Qué significa nacionalidad? Si lo buscamos en el Diccionario de la Real Academia, seguro que acabaremos confundidos. Al español le están tirando tiros desde el Gobierno, desde las autonomías y, cómo no, a través de multitud de anglicismos innecesarios e insoportables que la Real Academia tolera.

Aunque España es una, está dividida, como los reinos de Taifas, en diecisiete autonomías, con sus gobiernos, sus parlamentos y sus diputaciones. Si estas autonomías tienen transferencias en educación, sanidad, justicia y en el resto de los campos políticos, el Gobierno central sobra.

En la práctica, las mal llamadas nacionalidades buscan sus intereses e incluso su independencia, desangrando al Estado central siempre que pueden. Los gastos por el número de funcionarios y gestiones mal llevadas son tremendos. Para colmo, algunas crean embajadas en el extranjero. Arrinconan y prohíben el uso del español con el consiguiente trastorno para visitantes y estudiantes extranjeros. Enseñan la historia de España de un modo tendencioso. Los planes de estudio de sus universidades son totalmente distintos. Los jóvenes no pueden opositar en esas comunidades sin conocer sus lenguas; cosa ilegal y vergonzosa. Esto acaba siendo una democracia dictatorial.

Si hay un partido nacional que se llama popular y otro que se apellida socialista y obrero; si además hay un Defensor del Pueblo y una Iglesia que predica el amor y la ayuda al necesitado, entonces, ¿para qué se necesitan los sindicatos? Es una institución innecesaria y redundante. En los medios de comunicación y en la calle no se oye otra cosa de que no valen para nada más que para cobrar dinero y gastarlo en tonterías. ¿Qué decir de las huelgas generales? Sólo valen para aumentar el gasto y perjudicar al trabajador. Pienso que si los sindicatos y las huelgas generales no aportan nada al bien social ni a la convivencia hay que suprimirlos, no basta con reformarlos.

Es urgente reformar la Constitución al menos en los puntos señalados. No se puede esperar más. De lo contrario, la crisis social y económica no desaparecerá ni a corto ni a largo plazo y volveremos a los enfrentamientos tan propios de los españoles.

La pena es que ni la derecha, ni la izquierda, ni los partidos nacionalistas están dispuestos a ello, y los españoles de a pie no tenemos otra opción que votar cada cuatro años una nueva dictadura.

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