Políticos, educadores, insulinas
Podría, porque se lo merecen, comenzar el año con adjetivaciones negativas hacia nuestros/as políticos/as, así como los gestores de la salud en nuestra comunidad, aunque solo sea por llenárseles la boca en programas de eficiencia en salud integral o cualidades en visión, misión, valores o tópicos, vacuos, de sanidad centrada en el paciente.
Reconozco que este medio no es lugar para desarrollar el contenido que quiero exponer, y además desviaría el tema de actualidad como es el tratamiento con insulina en el ámbito educativo por profesionales que están fuera del ámbito competencial para ello.
No haber tenido una línea laboral o, en muchos de nuestros políticos, no disponer de un currículum académico les puede hacer difícil reconocer un intrusismo profesional y cuáles deben ser las funciones que desarrollan cada una de las profesiones en su ámbito de competencia.
Dejando lo anterior, por obvio, la diabetes insulinodependiente en el ámbito escolar genera incertidumbre y coste indirecto, negativo, en familias cuyos niños padecen esta patología, a la vez que elevan la presión a los de por sí sobrecargados profesionales en los centros educativos en una responsabilidad que no es ni debe ser asumida.
La figura de enfermería educativa es una demanda de hace años en muchos frentes para hacer realidad en los centros un derecho social y obligación política. Esta figura no tendría como única función aplicar un medicamento prescrito, pues hablando de contexto salud incluyen: educar, evaluar, comunicar, programar, promocionar, prevenir, asistir, intervenir e investigar, lo que añade valor y una oportunidad en un ámbito tan sensible y oportuno como es el educativo. Un desarrollo, en definitiva, completo en hábitos de la salud desde la infancia en coordinación con profesorado, familia, organización sanitaria y alumnado con una seguridad y tranquilidad para todos ellos.
Es entendible, no obstante, que la enfermería educativa no puede ser, por economía de la salud, un recurso para cada uno de los centros sanitarios por inasumible, pero las herramientas para hacerlo eficiente, sostenible y ponderable están ahí y solo se requiere la certeza de que políticas sensibles y sin privilegios serían una realidad.
Concretando aún más, la normalización y desarrollo de la figura ya están en países de nuestro entorno en los que sí disponen de la enfermería escolar, porque entienden la salud desde un segmento integral y con resultados excelentes. También se puede mirar hacia la comunidad autónoma de Canarias, en la que disponen de un programa piloto para desarrollar dicha figura.
Lo contrario, termino con ello, rogar, pedir o legislar para que los educadores tengan esa carga, es buscarse una demanda cuyos resultados son ya conocidos por distintas sentencias vinculantes que descargan al sector educativo de esa responsabilidad, pero, apreciando la poca sensibilidad de nuestros gobernantes, seguramente jugarán a ello.
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