Corrupción y administración de justicia
Seguro que todos conocemos algún "Riopedre", un tipo trabajador, sencillo, austero, cercano, amable, no amigo de la ostentación, que cuando nos descubrEn su lado oscuro no podemos dar crédito, nos negamos a admitirlo. Pero ¿cómo puede ser posible?, si fuimos compañeros en la escuela y era tan bueno, tan honrado, siempre repartía el bocadillo con los compañeros. No me lo creo, si somos vecinos y siempre saluda cuando nos encontramos en la escalera.
Como si nuestras buenas acciones, nuestra apariencia externa, nuestra imagen pública, el ser buenos padres y maridos nos liberara del egoísmo innato a la naturaleza humana.
Cuando se dan las condiciones propicias para que este "egoísta afán de poseer" florezca, lo hace. Y en la Consejería de Educación y en la de Administraciones Públicas se daban, parece ser, esas circunstancias. Yo creo que, en mayor o menor medida, se dan en toda la Administración pública.
En estos últimos días asistimos, indignados e impotentes, a la constatación de lo que ya sospechábamos, no en lo relativo al señor Riopedre en concreto, sino en lO relativo a la corrupción política en el ámbito administrativo, en general.
En un artículo de opinión en LA NUEVA ESPAÑA, mi amigo y admirado juez Chaves analiza la "fórmula de la corrupción" y la resume en la siguiente ecuación: K=(I+N).C. De donde K=corrupción, I=inmoralidad del sujeto, N=las normas jurídicas imperfectas y C=contexto político degradado.
Sin lugar a dudas, las medidas públicas para evitar la corrupción han de actuar sobre las leyes que propician que procedimientos de contratación como los de urgencia, los negociados y los de los contratos menores no tengan los controles necesarios. Han de actuar también, sin duda, sobre la normativa contable y presupuestaria para controlar a los destinatarios reales de los pagos públicos.
Las medidas públicas han de controlar, igualmente, el acceso a la función pública, evitando los interinos "a dedo", a los que luego hacen funcionarios de carrera sin oposición, el exceso de cargos de libre designación, el que posteriormente éstos logren por concurso ese puesto gracias a estar ya en él. Si esto no fuera así, se evitarían los funcionarios dóciles, que callan y otorgan ante cualquier pretensión de sus superiores.
El juez Chaves no olvida, y me consta, pues es uno de los jueces más activos en cuanto a la lucha por el cumplimiento de la legalidad administrativa, pero omite, en su ecuación, que los encargados de velar por que las conductas de los políticos y de los funcionarios de la Administración se ajusten estrictamente a la legalidad son ellos, los jueces. Por lo tanto, si no se respeten los controles, se abusa de los supuestos de adjudicación de urgencia o directa, por razones políticas, o con una finalidad de obtener un beneficio ilícito, convirtiéndolos en habituales, es porque la administración de justicia no vela por que la emergencia excepcional de un contrato "fuera de ley" no se convierta en una puerta giratoria habitual, como él manifiesta. Todos sabemos que la ley es interpretable y los encargados de hacerlo son ellos. Deben velar y obligar igualmente a que no se mantenga el desprecio por las normas de control que hay; y aunque insuficientes, se cumplan.
Muy pocas veces las denuncias de los sindicatos, organizaciones ciudadanas o de los propios interesados relativas a la actuación prepotente e ilegal de los representantes políticos de la Administración encuentran la justicia que reclaman ante los tribunales. Al juez Chaves puedo considerarlo, en este aspecto, una excepción.
La regeneración de ese "contexto político degradado" ha de venir de mano, no sólo de la lucha de los ciudadanos organizados, sino también de un poder judicial independiente, del que, tenemos la impresión, carecemos.
Lo cierto es que la ciudadanía, que parece resignada ante la corrupción política, por creerla consustancial a la misma, y que confiaba en el poder judicial, ya no lo hace, y las encuestas lo demuestran.
Las valientes decisiones de la juez Pandiella nos hacen retomar la esperanza. Esperemos, ahora que el procedimiento va a cambiar de manos, que no haya otros jueces que nos la frustren.
Braulio García Álvarez
Yernes y Tameza
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