Ya éramos pocos
El 28 de junio de 2024 España se sumó ante la Corte Internacional de Justicia al procedimiento, iniciado por Sudáfrica, contra Israel sobre la aplicación de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio en la Franja de Gaza. Irlanda, Bélgica y Canadá son los otros tres países que apoyaron este caso.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 establece el derecho de las personas a buscar asilo si huyen de escenarios de violencia o persecución, y ese paso suponía abrir la puerta a que los poco más de dos millones de habitantes que aún siguen en la Franja de Gaza pudieran solicitar asilo en España.
El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha mostrado su firme rechazo a la propuesta israelí. «Nadie debe entrar en un debate sobre dónde deben ir los gazatíes porque su tierra es Gaza. España toma sus decisiones soberanamente y ningún tercero le tiene que decir qué hacer».
Pero la decisión que tomó España fue la de calificar de «genocidio» la guerra de Israel contra Hamás, de modo que sí se encuentra legalmente obligado a actuar en consecuencia.
Por lo tanto, cualquier gazatí podría presentarse en una embajada o consulado español a solicitar asilo, y una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 obliga a Exteriores a poner al solicitante en un avión rumbo a España.
Es decir, que si Trump impusiera la construcción de un spa gigante y exclusivo en Gaza, nosotros no iríamos (poder adquisitivo insuficiente), pero a cambio podríamos quedarnos en nuestra casa; sin embargo, los gazatíes no podrían quedarse en la suya y a cambio tendrían que irse.
Dos millones de nada que quizás soliciten asilo en España y nos veamos obligados a cumplir la ley ubicándolos a todos.
Probablemente, Sánchez y su Richelieu particular, señor Albares, por ignorancia o soberbia, no lo hayan tenido en cuenta; además, en Canarias tenemos hoteles de cuatro estrellas para eso y mucho más.
Saludos cordiales.
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