Año 5 después del covid
El próximo 12 de abril se cumplirán cinco años del fallecimiento de mi madre, Amalia. La causa oficial de su muerte fue covid-19, pero ¿quién fue realmente el culpable?
No puedo señalar con certeza quién "apretó el gatillo", porque en su muerte intervinieron múltiples actores: el Gobierno de la nación, la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias, la residencia de ancianos donde estaba ingresada y aislada, el médico de familia de Laviana y el Hospital Valle del Nalón. Sin embargo, todos ellos, por unas razones u otras, son responsables.
El Gobierno de España, en primer lugar, creó las condiciones propicias para la tragedia al permitir y fomentar irresponsablemente la "infección masiva" del 8M de 2020, además de incurrir en una negligencia criminal al no haber asegurado el acopio de equipos de protección individual (EPI) frente a una pandemia que ya estaba aquí y cuya gravedad era evidente.
La responsabilidad del Principado de Asturias es aún más directa y evidente: mi madre estaba bajo su tutela en el centro público residencial de Pola de Laviana y toda su familia confinada.
El médico de familia del centro de salud de Laviana ordenó su ingreso en el Hospital Valle del Nalón hasta en dos ocasiones: la primera, el 19 de marzo de 2020, y la segunda, el 27 de marzo, tras recibir el alta el día 24. En ambas ocasiones, sin más justificación que febrícula y malestar general, episodios habituales en su estado de salud. Lo más grave es que estas decisiones se tomaron a distancia, sin mediar visita del médico a la residencia donde se encontraba aislada.
Además, se incumplió el protocolo sanitario vigente, que obligaba a los ancianos a permanecer en sus residencias para evitar los riesgos de hospitalización en plena crisis. Nuestra familia, confinada y sin margen de actuación, alertó con antelación a la Gerencia de Sanidad sobre los peligros de contagio, pero las advertencias fueron ignoradas.
Es evidente que el contagio se produjo durante alguno de los dos ingresos, en los traslados en ambulancia o en las Urgencias del hospital. El 5 de abril recibimos la noticia de su positivo y siete días después, también por teléfono, nos informaron de su fallecimiento en el hospital.
El certificado de defunción no deja lugar a dudas: "Covid-19".
El proceso contra la Sanidad del Principado de Asturias está ahora en manos de la justicia asturiana y, con una lentitud desesperante, se encuentra actualmente en punto muerto.
No podrán devolverme a mi madre, pero todos estos irresponsables deberían, al menos moralmente, responder de sus criminales y miserables actos.
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