La teoría de la bolsita o de cómo entender erróneamente la cooperación internacional

«¿Quiere usted que le explique de dónde sacamos el dinero para los proyectos que desarrollamos aquí? Verá, allá, en España, los ayuntamientos y el Gobierno tienen una bolsita donde, cuando resulta sobrante de sus presupuestos, van metiendo dinero. Cuando la bolsita está llena, sacan ese dinero y nos lo dan a nosotros para que lo utilicemos en nuestros proyectos en Bolivia».

Con estas palabras, sin dudar de su veracidad y sin asomo de ironía, nos contaba una dirigente del MAS (Movimiento al Socialismo) boliviano a un grupo de profesores asturianos cómo explicaba una persona de origen español el procedimiento de acopio de los fondos que utilizan para sus proyectos de cooperación. La explicación difumina voluntariamente el origen público y regulado de los fondos de ayuda al desarrollo, centra la atención en el papel del estamento concreto de cooperación como obtentor de esos fondos y oculta cuidadosamente que su concesión está sometida a concursos públicos de proyectos cuya decisión depende de las agencias estatales o autonómicas creadas al efecto.

No pretendemos con lo dicho más arriba cuestionar el papel de las organizaciones de todo tipo que llevan a cabo proyectos de cooperación en Latinoamérica y, concretamente, en Bolivia. En fechas recientes, hemos podido comprobar que esa tarea redunda en actividades educativas, de integración y promoción social y de desarrollo personal que son enormemente valiosas en sí mismas y contribuyen de modo destacado a paliar las enormes carencias que padece la mayoría de los ciudadanos de aquel país. El reconocimiento del valor impagable de esas iniciativas no debe, sin embargo, ser óbice para señalar algunas ideas sobre el tipo de cooperación que se precisa en un país que está viviendo un profundo proceso de cambio político y social, sin parangón en el resto del mundo.

Bolivia ocupa el lugar 111.º, entre 177 países, en el índice de desarrollo humano elaborado por las Naciones Unidas; en esa clasificación, es el último de los países sudamericanos y en todo el continente americano sólo figuran por debajo Nicaragua, Honduras, Guatemala y Haití. A la pobreza que afecta al conjunto de la población se ha de añadir la injusta distribución de la tierra y de los beneficios que producen sus inmensos recursos naturales, así como la marginación social, política y económica que ha padecido durante siglos la población indígena, que supone dos tercios del total.

En los últimos años, ha surgido un proceso de cambio impecablemente democrático, basado en las organizaciones indígenas originarias aliadas con sectores obreros y de las clases medias, que ha logrado una amplia mayoría política y ha puesto en marcha un proceso constituyente que culminó el pasado 25 de enero con la aprobación de la nueva Constitución política del Estado por más del 60 por ciento de la población. Amenazada por presiones y obstáculos que surgen tanto del interior como del exterior del país, la nueva Constitución pretende construir, sobre bases democráticas, un país pluricultural y plurilingüe, integrador de todos los pueblos que allí conviven, a la vez que plantea procesos de redistribución de la tierra (mediante la eliminación de los latifundios superiores a 5.000 hectáreas) y de nacionalización de los recursos naturales entregados a las multinacionales.

En esa situación, la cooperación que necesita el pueblo boliviano es aquella capaz de apoyar las iniciativas que allí surjan, reforzando y potenciando las organizaciones e instituciones propias o propiciando la creación de otras cuya actividad converja con los objetivos de transformación que la propia sociedad boliviana ha establecido.

Sin embargo, los «administradores de la bolsita», aun contribuyendo con sus iniciativas a la mejora de las condiciones de vida de muchas personas, desarrollan proyectos que, en muchas ocasiones, reservan para la propia organización cooperante todas las actuaciones de planificación, control y ejecución del proyecto, sin contar en la mayoría de los casos con una contraparte nacional que crezca a partir de la actividad cooperativa y sea capaz de asumir paulatinamente la responsabilidad de la actuación de que se trate, creando de este modo dinámicas de actuación progresivamente autónomas.

La cooperación española, tan importante en Bolivia como en otros países latinoamericanos, tendría que asumir, a través de las agencias estatales y autonómicas encargadas de la gestión de los fondos de ayuda al desarrollo, criterios de selección que den prioridad a aquellos proyectos que ofrezcan esa capacidad de aportar sinergia a las iniciativas que el pueblo boliviano, en la construcción de su peculiar identidad plural, está intentando poner en marcha.

Que sigan actuando, para bien de los bolivianos, quienes han hecho de la bolsita su particular concepto de la cooperación y realizan, sin duda, un generoso y admirable esfuerzo por mejorar sus condiciones de vida. Los demás apliquémonos al refuerzo de aquellas iniciativas que contribuyan al éxito de un proyecto social tan justo como necesario. Y si no ganamos con ello el cielo, habremos contribuido al menos a que aquel trocito del paraíso terrenal alcance la equidad que tanto necesita.

Andrés Osoro Hernández, María Aquilina Fueyo Gutiérrez y Xosé Antón González Riaño, profesores asturianos