Seguridad jurídica para los cazadores
El lobo no ha sido declarado especie cinegética. No obstante, la actualidad del momento exige resaltar la autorización que la Administración regional concede para abatir de forma racional y ordenada un determinado número de ejemplares de este cánido, enemigo atávico no solo de la ganadería domestica, sino también de la fauna cinegética, por los numerosos daños que les producen sus ataques, sin que por ello sea motivo de hacerle desaparecer o ponerle en peligro de extinción. Será una respuesta consecuente orientada a regular su densidad. Eso proclaman...
Por tanto, en razón de todo eso, se hace necesario dejar constancia en cuanto a que, de lo que resulte, en ningún caso será responsable la caza social tradicional asturiana, puesto que la posibilidad de que tenga presencia activa en los controles al depredador no es la primera opción que baraja el Ejecutivo regional, puesto que la sitúa, dentro de un orden jerárquico, en tercer lugar, detrás de los "agentes medioambientales y personas autorizadas". Una deriva excluyente decidida de forma unilateral por la Administración a modo de aislamiento que no tiene razón de ser ni forma de justificarse capaz de convencer.
Es por eso que, llegado el hipotético caso de que se acepte como revulsivo eficaz la colaboración de los cazadores asturianos para actuar como último recurso en la magnitud del conflicto, si persistiese, y ante el riesgo de salir alguno mal parado, se hace del todo necesario queden reflejadas, en tiempo y forma, en el marco jurídico que corresponda, garantías plenas que sirvan de protección integral al cazador interviniente directo en el control efectivo del formidable depredador, ante la probabilidad de tener que soportar los efectos de denuncias de construcción artificial o peligrosos relatos hinchados. Y es que, sobre este asunto, hay quien, con sus declaraciones, siembra incertidumbre. Dice una cosa en Asturias y otra bien distinta desde su despacho en Madrid.
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