En contra del gallego, del vasco, del catalán, y más aún, del asturiano
Como ciudadanos, nos unimos en estados para organizar de forma conjunta aquellos aspectos de la vida que resultan más eficientes y sostenibles cuando se gestionan en común.
Para abordar eficazmente estas cuestiones públicas, establecemos una lengua común que facilite la comunicación y haga más eficiente la organización colectiva de los asuntos compartidos.
Por tanto, la imposición de una lengua emana de esta lógica: se nos obliga a usar un idioma común en el espacio público, mientras que en la intimidad del hogar o con los amigos cada uno habla libremente como prefiera.
Pues bien, toda imposición estatal, como el uso de un idioma común, implica una carga económica considerable que recae sobre el contribuyente. Nada de lo que el estado otorga es gratuito: cada privilegio, cada normativa, cada estructura impuesta tiene un coste directo que paga el ciudadano con sus impuestos.
Desde el año 1980, el Gobierno asturiano lleva imponiéndonos progresivamente otra lengua más, sin consenso social claro, sin atender a la realidad sociolingüística de sus ciudadanos y desviando ingentes recursos públicos que podrían destinarse a necesidades más urgentes y compartidas por la mayoría.
En España, los asturianos somos conscientes de que estamos soportando un sistema que nos obliga a ser solidarios, aún sabiendo que hay regiones a las cuales sistémicamente se les favorece, por culpa de un poder electoral que estas comunidades consiguen gracias a su enorme inversión en educación nacionalista, idioma incluido.
Y, aun sabiendo esto, los asturianos no queremos ser ellos. Los asturianos que hablan pixueto, fala, eo naviego, bable, faliella, amestáu... tampoco quieren. Nosotros preferimos ser solidarios y, sobre todo y por encima de la solidaridad, eficientes.
Si todas las comunidades autónomas españolas destinasen recursos públicos a fomentar los antiguos dialectos de sus variadas regiones, el coste sería enorme, y el resultado probablemente sería una fragmentación innecesaria de la comunicación, dificultando la cohesión social y administrativa en un país que ya comparte una lengua común plenamente funcional.
Por eso me opongo a la oficialidad del asturiano: porque implica un gasto público elevado, carece de una demanda social mayoritaria real y contribuye más a la fragmentación identitaria que a la mejora de la convivencia o la eficiencia institucional.
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