La trampa de la huelga educativa: el sueldo público al servicio de la presión sindical
En Asturias, los sindicatos de la enseñanza han declarado una huelga que ha paralizado parte del sistema educativo y obligado al Gobierno autonómico a sentarse a negociar. Pero lo más preocupante no es la huelga en sí, sino lo que está en juego: una subida del complemento específico al margen de cualquier valoración objetiva del puesto de trabajo.
Este complemento, en teoría, debería retribuir factores como la responsabilidad, la penosidad o la especial dedicación de un puesto concreto. Así lo recoge la legislación básica del Estado, desde el artículo 24 del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015) hasta el viejo Real Decreto 861/1986. Sin embargo, en la práctica, este principio legal se está convirtiendo en papel mojado.
El complemento específico ha dejado de ser una herramienta técnica de valoración de puestos para convertirse en un arma política y sindical, que puede inflarse o desinflarse según el ruido que haga un colectivo o el desgaste político que sufra el consejero de turno. No hay baremos públicos ni fórmulas objetivas. Todo queda en manos de decisiones discrecionales amparadas en negociaciones opacas y presiones mediáticas.
Lo ocurrido en Asturias no es un caso aislado, pero sí especialmente revelador. Los sindicatos convocan una huelga y, en cuestión de días, logran arrancar compromisos económicos millonarios a la Administración, sin informes técnicos, sin valoración de puestos, sin transparencia. ¿Dónde queda entonces la equidad entre empleados públicos? ¿Qué mensaje se lanza al resto del funcionariado, que desempeña funciones igualmente esenciales pero sin capacidad de chantaje colectivo?
La consecuencia es grave: se pervierte el principio de legalidad y de objetividad en la función pública. El salario de un funcionario no puede depender del poder de presión de su sindicato ni de la voluntad política de un consejero. La subjetividad con la que se manejan estos complementos abre la puerta a trato desigual, arbitrariedad y, en última instancia, corrupción institucional.
Mientras tanto, aquellos trabajadores públicos que reclaman su derecho al complemento específico por vía judicial -muchas veces, tras sentencias que reconocen la discriminación sufrida- ven cómo se les niega lo que a otros se concede a golpe de pancarta. Porque en esta Administración clientelar, el derecho no nace del mérito ni de la justicia, sino del ruido y del miedo a la prensa.
Es hora de exigir una valoración técnica y uniforme de todos los puestos de trabajo públicos mediante sistemas objetivos y públicos, como la valoración de puestos de trabajo (VPT), y de prohibir subidas discrecionales del complemento específico sin procedimiento motivado ni justificación estructural. La Administración no puede seguir funcionando como una mesa de subasta sindical donde el que más grita más cobra. La dignidad del empleo público y la confianza ciudadana en su neutralidad están en juego.
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