Amnistía a cambio de poder: una erosión del Estado de derecho
El Tribunal Constitucional está a punto de convalidar una amnistía que, más allá del marco jurídico, supone un profundo deterioro moral e institucional. Se trata de una medida que beneficia a quienes desafiaron abiertamente el orden constitucional en Cataluña, y que también alcanza a quienes convirtieron las calles en escenarios de violencia, saqueo e impunidad. ¿La razón de fondo? No un gesto de reconciliación nacional, ni una iniciativa de altura de miras. La razón ha sido, y ellos mismos lo han admitido sin pudor, la necesidad de sumar votos para una investidura.
¿En qué clase de democracia se puede justificar que las leyes se adapten a la conveniencia política del momento? ¿Qué legitimidad tiene un gobierno que compra su continuidad cediendo privilegios penales a quienes desafiaron las normas que nos damos entre todos?
Señor Conde-Pumpido, se lo pondré fácil: no le pido nada diferente de lo que Pedro Sánchez y sus ministros decían de la amnistía en campaña electoral antes de saber que necesitarían esos siete escaños. ¿No siente vergüenza de sí mismo?
Es evidente -y no se oculta- que sin los votos de Junts esta amnistía no habría existido. No hay que ser jurista para entender que, en este contexto, la ley deja de ser un instrumento de justicia y se convierte en moneda de cambio. Eso, le pese a quien le pese, es un trueque de poder. Y, cuando los cargos públicos intercambian favores políticos por impunidad penal, el nombre técnico no es otro que corrupción institucional.
Claro que podría entenderse una amnistía en un marco de desarme ideológico, de renuncia expresa a la vía unilateral, de propósito de enmienda y de beneficio colectivo. Pero no es eso lo que ha ocurrido. Aquí no hay arrepentimiento ni garantías de no repetición, sino una exigencia revestida de chantaje político, aceptada por un gobierno en minoría con tal de mantenerse en el poder.
Y, mientras tanto, el Tribunal Constitucional, lejos de actuar como garante último de la legalidad y la igualdad ante la ley, ha caído en el mismo juego de bloques: los votos se cuentan no por criterio jurídico, sino por etiquetas ideológicas -progresistas o conservadoras-, como si se tratara de un Parlamento paralelo. Es profundamente desalentador que quienes deben ser árbitros se comporten como jugadores de un lado del campo.
¿Adónde vamos si convertimos las instituciones en herramientas al servicio de los intereses de partido? ¿Qué mensaje enviamos a los ciudadanos cuando se premia al que se salta la ley y se ignora al que la cumple?
España no necesita más polarización ni más cesiones a quienes no creen en el sistema. Lo que necesita es una regeneración institucional que ponga límites claros entre la política y la justicia. Si cruzamos esa línea, estaremos normalizando la arbitrariedad, debilitando la democracia y, lo que es más grave, sembrando la semilla de futuros conflictos. El poder por el poder es corrupción en sí mismo.
Quienes hoy aplauden esta amnistía por oportunismo político deberían preguntarse si estarán igual de satisfechos cuando otros, mañana, hagan lo mismo con otras causas, con otras exigencias y con otras leyes. Porque, cuando el poder se compra, la ley se vende. Y, cuando la ley se vende, lo que se rompe no es solo la Constitución, sino la confianza de toda una sociedad.
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