Privilegios penales a cambio de poder
La amnistía que el Gobierno impulsa no parece responder a un espíritu de reconciliación nacional, sino a una necesidad coyuntural de afianzar una mayoría parlamentaria. Se trata de una cesión política que otorga impunidad a quienes desafiaron el marco constitucional, sin exigencia de arrepentimiento ni garantías claras de no reincidencia.
Este no es un acto jurídico en beneficio del interés general, sino un acuerdo político en el que se intercambian votos por privilegios. En una democracia sólida, tal práctica se acercaría peligrosamente a una forma de corrupción institucional.
Cuando el Tribunal Constitucional actúa alineado con intereses partidistas, en lugar de ejercer como árbitro independiente, se debilita su legitimidad y se erosiona la confianza ciudadana en el sistema de garantías. Las leyes no deben ajustarse a conveniencias momentáneas, sino sostener los principios permanentes que aseguran la igualdad ante la ley, la separación de poderes y el Estado de Derecho.
¿Cómo puede hablarse de interés general cuando los propios beneficiarios de la amnistía participan en su redacción y aprobación? Eso no fortalece las instituciones; las degrada.
España no necesita más cesiones ni polarización: necesita regeneración institucional y un límite claro entre política y justicia. Porque si hoy se justifica esta amnistía, mañana se justificará cualquier otra. Y cuando la ley deja de ser igual para todos, lo que se rompe no es solo la Constitución, sino la democracia misma.
¿En qué clase de democracia se puede justificar que las leyes se adapten a la conveniencia política del momento? ¿Qué legitimidad tiene un gobierno que compra su continuidad cediendo privilegios penales a quienes desafiaron las normas que nos damos entre todos?
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