Una amnistía de intercambio: más trueque político que gracia de Estado
En el relato oficial, una amnistía suele presentarse como un acto excepcional de reconciliación nacional. Se concibe como una gracia del Estado, un gesto de magnanimidad hacia quienes han incurrido en delitos en contextos de conflicto político o social, con la promesa de pasar página. Pero la amnistía recientemente aprobada en España, lejos de responder a ese espíritu, se aproxima más a un intercambio de favores -casi un chantaje institucional- que a una medida de justicia transicional o pacificación real.
No estamos ante una amnistía "al uso". Ni por su origen, ni por su justificación, ni por el modo en que ha sido tramitada. Esta ley no nace del consenso amplio ni de una reflexión serena del legislador sobre el interés general, sino de una necesidad numérica: garantizar una investidura a cambio de impunidad. Los mismos dirigentes independentistas que fueron procesados por actuaciones contrarias al orden constitucional han sido los arquitectos y beneficiarios directos de la norma que ahora borra sus delitos.
Se trata, en esencia, de una ley escrita bajo presión y para contentar a quienes, en otro contexto, habrían sido parte exclusivamente pasiva en su aprobación: los amnistiados. Este hecho desvirtúa el principio de imparcialidad legislativa y, más aun, erosiona la separación de poderes al utilizar la función legislativa como moneda de cambio en una negociación política. La amnistía deja así de ser una herramienta de Estado y se convierte en un instrumento de poder al servicio de una investidura concreta. Es corrupción institucional sin más. Lo digan jueces afines, lo digan ministros o el Constitucional. Es comprar el poder a aquellos que en circunstancias normales no estarían siendo partícipes de su propia impunidad.
A esto se suma un elemento todavía más preocupante: la ruptura flagrante del principio de igualdad ante la ley. En una democracia consolidada, todos los ciudadanos deben someterse al mismo marco legal, sin excepciones ni privilegios por afinidad política o utilidad parlamentaria. Sin embargo, esta amnistía excluye expresamente de sus consecuencias a aquellos que no forman parte del pacto de investidura, beneficiando solo a quienes apoyan al actual presidente del Gobierno en su afán por aferrarse al poder. Es una justicia selectiva, que castiga a unos y absuelve a otros en función de su utilidad política. No entender esto es pervertir la realidad, las leyes y hacernos a todos gilipollas.
Este desequilibrio se agrava por el hecho de que Pedro Sánchez negó en campaña electoral que fuera a aprobar una amnistía. De hecho, prometió lo contrario, con palabras claras y contundentes. Que haya hecho exactamente lo opuesto tras las elecciones no solo representa un engaño consciente, sino una burla al principio democrático de representación, que exige coherencia entre lo prometido y lo ejecutado.
Y si, como ahora sostienen desde el Ejecutivo, la amnistía es una medida tan necesaria, tan histórica y tan beneficiosa para España, ¿por qué no se consulta directamente al pueblo soberano? La respuesta parece evidente: porque saben que los españoles no la respaldarían en las urnas. Temer al juicio del electorado es, en este contexto, otra forma de degradar la democracia. Es infumable y despreciable.
Ni el juez afín que defiende como constitucional tal proceder, ni la periodista que defiende la amnistía como paso hacia la "normalización" del conflicto catalán pueden soslayar este punto: una ley hecha por y para los propios beneficiarios no es justicia, es autoindulto.
En definitiva, esta amnistía no es una reconciliación ni un perdón: es el precio de una aritmética parlamentaria. Y como tal, se aleja peligrosamente de la noción de "gracia" que debería guiar cualquier medida de esta naturaleza. Quiebra la igualdad ante la ley, traiciona el mandato electoral y rehúye al pueblo, al que ni siquiera se le ha preguntado. Más que una solución al conflicto, puede ser el prólogo de nuevas fracturas, esta vez no entre territorios, sino entre ciudadanía y Estado de derecho.
Un saludo.
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