Autoamnistía: el precio a pagar por el poder indecente
Dice la Comisión Europea lo que muchos ciudadanos venimos denunciando desde hace meses: España ha aprobado una autoamnistía, redactada y exigida por los mismos que se benefician de ella. No es una opinión, es un hecho. Es una perversión jurídica sin precedentes: una ley hecha a medida para quienes desafiaron el orden constitucional y ahora se convierten en socios de Gobierno. A cambio, el poder. A cualquier precio.
Esta no es una amnistía en sentido clásico. Es una transacción política encubierta. Un pacto de impunidad firmado entre delincuentes y quienes dicen representarnos. Y lo más grave es que ha sido bendecida por el Tribunal Constitucional, cuya credibilidad queda seriamente cuestionada. Cuando el árbitro deja de ser neutral y actúa como cómplice del poder, la democracia entra en zona de peligro.
No es la primera vez que el Gobierno sacrifica principios por interés. Lo vimos también con su forma de legislar en nombre del feminismo. Se promovieron normas basadas en una presunción generalizada de culpa sobre todos los hombres, instalando en la ley la idea de que basta la palabra de una mujer para condenar. Se señalaron conductas, actitudes, incluso formas de hablar, como síntomas de un machismo "estructural", inherente al varón desde la cuna.
Hoy, esos mismos que escribieron esas leyes (Monedero y Errejón) enfrentan acusaciones bajo el paraguas jurídico que ellos mismos impusieron. Y piden garantías. Claman por la presunción de inocencia. Descubren, de pronto, lo que es ser juzgado sin pruebas contundentes. El boomerang les ha alcanzado.
Y mientras tanto, se pretende silenciar otro problema que va creciendo, que afecta a la seguridad de nuestras calles y a la cohesión social: la inmigración descontrolada. No se trata de criminalizar colectivos, sino de enfrentar la realidad. Agresiones como la sufrida por un anciano en Torre Pacheco, o las violaciones cometidas por grupos en diversas localidades, no son inventos ni casos aislados. Son síntomas de un problema que se oculta deliberadamente por razones ideológicas.
El buenismo institucional ha convertido en tabú la legítima preocupación por la seguridad. Se demoniza a quien alerta del problema, pero se protege al que delinque. Se abren fronteras sin control, sin filtros, sin integración real. ¿A qué responde esta política? ¿Qué intereses hay detrás de permitir el ingreso masivo de personas sin referencias, sin mecanismos de control ni exigencia de adaptación?
España no necesita puertas abiertas sin criterio. Necesita fronteras con sentido común. Bienvenidos quienes vienen a trabajar, a integrarse, a aportar. Pero quien llega para delinquir debe ser expulsado sin miramientos. No podemos seguir aceptando el chantaje emocional que nos obliga a tolerar lo intolerable.
El paralelismo con la crisis de 2008 es inevitable. Entonces, Zapatero negaba la evidencia, hablaba de una "desaceleración". Cuando quiso reaccionar, era demasiado tarde. Ahora Sánchez repite la fórmula: niega la inseguridad, ignora el descontento social y convierte a delincuentes en socios de Gobierno. Algo trama, sin duda, porque nada de lo que hace parece obedecer a la lógica democrática ni al interés general.
La ciudadanía está más desprotegida que nunca: jurídica, social y políticamente. Un Estado que amnistía a los suyos, que legisla con odio de género, que abre fronteras sin control y que persigue al disidente no es un Estado de derecho. Es un régimen encubierto. Y quien calla ante esto, es cómplice.
Es cierto, la ley camina con lentitud, pero en los tiempos de las tecnologías es difícil borrar el pasado indecente. Lo vemos con Montoro y lo veremos con muchos de los casos de corrupción del PP de hace años. Lenta, pero les caerá la ley como una losa. Quizás por eso este Gobierno ya no se limita a perdonar penas, sino a limpiar delitos y delincuentes.
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