¿Qué pasaría si se establecieran hoy los "Juicios de residencia"?

Hace algunos años escribí sobre los «Juicios de residencia», pero en estos momentos, vista la situación de nuestros políticos, me parece que es un tema a recordar: cómo actuaba la política de España cuando era una potencia reconocida mundialmente. Aquella grandeza vino por la rectitud en la selección y en la exigencia de responsabilidad al acabar su función. ¡Cuán lejos de los miembros de la Administración que tenemos en estos tiempos! Comparando aquellas administraciones con las actuales, bien se advierten los niveles de degradación que sufrimos y cómo las otras naciones nos mandan al olvido, por muchas soflamas que declame nuestro presidente.

En aquellos tiempos de nuestra historia los funcionarios no se designaban por el capricho de un jefe del Gobierno, sino que eran bien seleccionados y se les exigía responsabilidades al cesar. En primer lugar, se seleccionaba a los que iban a ejercer una función no por la adhesión al jefe, sino porque habían demostrado capacidad para aquel puesto de trabajo. Veamos cómo se elegían: desde un principio, Isabel la Católica abrió una libreta donde anotaba el carácter, el comportamiento y labor de las personas, y solo cuando los consideraba adecuados para un puesto los nombraba. A veces tuvo que hacerlo con gran esfuerzo: así fue nombrado el Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba; no muy conocido, pero seleccionado por la reina, llevó con gran brillantez la campaña de Italia. Así, también, propuso del nombramiento de Cisneros para arzobispo de Toledo, contra el parecer de su marido, Fernando el Católico, que quería esa dignidad para su hijo extramatrimonial Alonso de Aragón, arzobispos de Zaragoza, y contra el cabildo de Toledo, que tardó un año en reconocer al nuevo arzobispo. Pero ahí está lo que fueron.

Esta política de selección la siguieron los reyes posteriores, y se completaba con el examen de su actuación cuando cesaban en el ejercicio de su función con la institución de lo que se llamó «Juicios de residencia». En aquellos tiempos del Imperio español, en todos sus territorios, además de las normas de selección de los funcionarios, al cesar en su cargo, desde el virrey hasta el último alguacil eran sometidos, inmediatamente, al «Juicio de residencia». Se iniciaba así un tiempo en el que cualquier ciudadano podía presentar toda clase de reclamaciones y acusaciones sobre temas referidos a la función que había ejercido: por haber desempeñado su función de administrativo de forma deshonesta, con desidia, incuria o ineficacia.

Era un juicio rígido en el que al sometido a este examen se le analizaba cómo había sido su actuación en el ejercicio de su función: si había sido honrado en su comportamiento, si había cumplido fielmente con la labor que se le había encomendado en razón de su nombramiento, la conducta que había tenido con los ciudadanos y si su labor había supuesto un bien para la comunidad.

El «Juicio de residencia» era un acontecimiento público, que se anunciaba con una llamada general a toda la población, para que participaran todos los ciudadanos de la región. Algunos casos fueron grandes acontecimientos sociales. Se realizaba nada más cesar en el cargo y en aquel lugar que había ejercido. Esto le exigía al cesado permanecer donde había desplegado su trabajo hasta la resolución del juicio con una sentencia absolutoria definitiva. Virreyes, oidores, corregidores y jueces sufrieron este juicio al cesar en su cargo, que solían ejercer por un tiempo limitado.

No había duración establecido para el juicio, duraba todo el tiempo en el que se presentaran acusaciones y que se precisara para el conocimiento y valoración de los hechos. Mientras se desarrollaba el juicio se le retenía parte del sueldo, para garantizar las reparaciones que se siguieran de la sentencia. Se trataba de un juicio sumario, y parte de la instrucción se consideraba secreta para evitar la venganza que pudiera seguirse del funcionario acusado, que podía ser una persona importante.

La institución estuvo funcionando varios siglos, hasta que los Borbones, en el siglo XVIII imponiendo el despotismo francés, trataron de restringirlo trayendo el juicio a la corte, para no realizarlo en el lugar donde se ejerció la función, con lo que perdió fuerza, hasta que los liberales lo suprimieron en las Cortes de Cádiz de 1812. Se debe anotar que fueron los liberales los que quisieron librarse de una herramienta poderosa y eficaz de control, y digna de renovar vista la corrupción que ha seguido, y la deficiente administración posterior.

Fue una medida que se aseguraba una buena administración, y se daban los cargos por mérito y capacidad. El funcionario que lo superaba podía seguir su «cursus honorum» en la administración del Imperio. En caso de recibir alguna condena, que podía ser hasta de cárcel pero también nada más que de multa, sufría una inhabilitación para cualquier cargo.

Desde que han dominado gobiernos liberales y de izquierda, han tratado de desembarazarse de todo tipo de responsabilidades. Han multiplicado leyes sojuzgando a los ciudadanos y cargándoles de toda clase de obligaciones, mientras han establecido subterfugios para evitar toda responsabilidad. ¿Cómo se puede hablar de democracia, si son representantes del pueblo, sin dar cuenta de su actuación al pueblo?

Los mecanismos de autocontrol del poder y de promoción por méritos y capacidad se han desvanecido, y se camina hacia el despotismo y la tiranía. Cuán necesarios son, dados los escándalos que se advierten en estos tiempos, unos «Juicios de residencia», donde el pueblo pueda analizar tanto la honradez del trabajo como el ejercicio leal y eficaz de los oficios. Lo cual no es más que ver cómo la Administración haya realizado el trabajo para el que se le nombró, con responsabilidad ante los ciudadanos, cuyos intereses representan, y sería la prueba de que hay democracia. Pero los actuales políticos se han dado prisa en crearse inmunidades.