Acceso a la vivienda

El problema de la vivienda es algo estructural y crónico en la vida española de las últimas décadas. La cuestión esencial es que el derecho a la vivienda no es una declaración de intenciones, ya que está reconocido en la Constitución española y en los Derechos Humanos. No puede ser un privilegio al alcance de una parte de la población y que un gran número de ciudadanos no puedan acceder a ella. El artículo 47 del texto constitucional dice: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Y esto no se está cumpliendo en España.

Un ejemplo de cómo se debería realizar una política de vivienda es el caso de Austria. En este país las viviendas de titularidad pública destinadas al alquiler social rondan el 25%, y en nuestro país es menos del 2%. Las cifras hablan por sí solas, y no hace falta comentarlas. La vivienda es un derecho social, y no es simplemente un medio para especular y ganar dinero a costa del derecho de los ciudadanos a un acceso razonable a la misma a unos precios asequibles. Los pisos son un bien de uso, y no una mercancía para obtener beneficio. Es preciso cambiar esta mentalidad en España. Si se adoptan las prácticas europeas, por ejemplo, las políticas de vivienda de Austria, Países Bajos y Dinamarca, se podrían aplicar procedimientos similares, que darán buenos resultados con firmeza y continuidad a lo largo de los años.

Existen diferentes alternativas, como las cooperativas de vivienda en cesión de uso, que dan muy buenos resultados en países como Dinamarca y Uruguay, ya que los inquilinos pagan una cuota mensual asequible que cubre los costes, sin posibilidad de especulación. En España es cierto que existen experiencias piloto, pero deberían contar con más apoyo institucional, para que sean más numerosas. Es necesaria la construcción masiva de viviendas públicas cada año, también la reforma de la fiscalidad y la regulación adecuada del alquiler turístico. En cuanto a los pisos vacíos, que en España son unos tres millones, es algo sangrante, cuando hay tanta escasez de viviendas a precios asequibles, tanto para la compra como para un alquiler sostenible. La Administración pública debería tomar medidas impositivas o similares para desincentivar que se mantengan estos millones de viviendas vacías. En Viena, por ejemplo, alrededor del 40 o 45% del parque de pisos está formado por viviendas de alquiler social o con algún tipo de subvención pública. Esto podría aplicarse en España en todo su territorio, y sería una medida extraordinariamente eficaz, para que cientos de miles o millones de personas pudieran acceder a pisos en condiciones económicas adecuadas. Además, la población de España es mucho mayor que la de Austria.

Este modelo vienés suele ponerse como ejemplo en Europa, ya que es indudable que evita la especulación masiva, y además garantiza que una parte muy considerable de la ciudadanía pueda acceder de verdad a alquileres razonables y estables, en cuanto al coste o precio a lo largo de los años.

En nuestro país la situación económica de muchísimos jóvenes y adultos es tremenda, porque los sueldos de una inmensa mayoría no son suficiente para poder pagar los alquileres que se piden en el mercado y tampoco para comprar en propiedad un piso y para acceder a una hipoteca, por los requisitos que ponen los bancos, para no correr ningún riesgo en cuanto a su devolución.

La emancipación de los jóvenes cada vez es más tardía, por motivos económicos, ya que los sueldos que suelen cobrar gran parte de ellos son bajos o muy bajos. Esta es la realidad de lo que está sucediendo. Ante esto no son suficientes las medidas del plan de vivienda del Gobierno, en mi opinión, ya que se quedan muy cortas. Actualmente, en España se construyen cada año en torno a 120.000 o 150.000 viviendas nuevas, y según los expertos es una oferta insuficiente. Se deberían construir el doble o el triple de viviendas cada año para que los precios bajaran, y también aplicar otras medidas adicionales, en relación con los millones de viviendas vacías, etcétera. Algo que no se está haciendo en la medida y en la proporción necesaria, según se ve en los datos reales objetivos, que se pueden consultar. Hacen falta medidas más ambiciosas, por parte especialmente del Gobierno central. De no ser así, aunque es cierto que existen políticas de ayuntamientos o comunidades autónomas interesantes, son como gotas de agua en el océano, ya que resuelven la carencia de vivienda de 200 personas en cada promoción inmobiliaria pública, por ejemplo, lo que está muy bien, pero no sirven para atender las necesidades de millones de ciudadanos. Las promesas políticas no son suficiente. Hacen falta políticas mucho más ambiciosas y mantenidas a lo largo de los años. De no ser así, seguirá existiendo el problema del acceso a la vivienda por tiempo indefinido. En política, al igual que en la vida, nunca es demasiado tarde. Hace falta acción masiva por parte del poder político.