España ante el riesgo de una autocracia disfrazada
Cuando la política se pone en manos de arribistas, se degrada. Pierde su esencia de servicio público para convertirse en un botín de poder, sostenido a cualquier precio. Lo que debería ser un contrato de confianza con los ciudadanos se ha transformado en un mecanismo de resistencia personal, en el que la mentira, el privilegio y la manipulación son las reglas del juego.
Los regímenes totalitarios parecían lejanos; pensábamos que la historia había vacunado a Europa contra las autocracias. Pero la realidad es que hoy se visten de democracia, envueltas en urnas y discursos huecos, mientras vacían de contenido los principios básicos: la igualdad ante la ley, la separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho.
España vive esa paradoja. El gobierno actual llegó por una moción de censura contra la corrupción del Partido Popular. Prometió limpiar la política, acabar con "la casta" y devolver la dignidad a las instituciones. Sin embargo, lo que se presentó como regeneración se convirtió en un relevo de élites: chalets de lujo, coches oficiales, sueldos desorbitados, niñeras pagadas con dinero público, colegios privados. La "casta" no desapareció: simplemente cambió de manos, multiplicada por tres.
La situación se ha agravado con la corrupción institucionalizada. Hoy vemos a secretarios de organización imputados, a familiares del presidente bajo sospecha, y a un Fiscal General del Estado que permanece atado al poder en lugar de garantizar su independencia. El Tribunal Constitucional, lejos de ser dique de contención, ha avalado la tramitación de una amnistía hecha a la medida de sus propios beneficiarios: exigida, redactada y aprobada por los mismos que se lucran de ella.
La amnistía y los indultos concedidos a cambio de votos no son gestos de reconciliación, sino pagos políticos. Son la compra de apoyos parlamentarios con el tesoro más valioso de cualquier democracia: la igualdad de todos ante la ley. Negociar con prófugos de la justicia, condonar deudas públicas a gobiernos regionales a cambio de respaldo, o entregar competencias esenciales como moneda de cambio, son prácticas que degradan a la nación y corrompen la política en su raíz.
Pedro Sánchez ha convertido la presidencia en un ejercicio personalista de supervivencia. Su proyecto no es político, es de poder. Cada decisión se subordina a mantenerse en la Moncloa, aunque para ello deba quebrar las instituciones, dividir a la sociedad y dinamitar los consensos básicos. En esto se asemeja a otros líderes que empezaron manipulando el sistema hasta que el sistema dejó de ser reconocible.
No está solo: lo acompaña una red de cómplices. Socialistas que por un cargo olvidan la ética, partidos populistas que un día prometieron regeneración y hoy son simples comparsas, e independentistas que aprovechan el vacío institucional para arrancar impunidad, prebendas y privilegios. Todos participan del mismo festín, sosteniendo a un presidente que se ha vuelto rehén de sus socios y verdugo de los principios democráticos.
El coste de esta deriva no es abstracto. Lo pagamos todos:
con instituciones debilitadas,
con una justicia cuestionada,
con la credibilidad internacional erosionada, y con un futuro hipotecado para los ciudadanos.
Lo más preocupante es la pasividad de los organismos que deberían actuar de oficio. Fiscalía, tribunales y órganos de control se movilizan con dureza ante asuntos menores, pero se muestran tímidos o inactivos frente a atropellos de una magnitud histórica. Si ellos no cumplen su deber, la democracia queda desprotegida.
Lo que está en juego no es un gobierno ni una legislatura: es la propia democracia que entre todos nos dimos. Y si no se defiende ahora, puede que mañana sea demasiado tarde.
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