El Huerna de la discordia en clave comparativa
Para la población asturiana, la reconquistada Castilla, además de ancha, es alta y cara. Si obviamos el puerto de Pajares como recreo y diversión de aficionados a la bicicleta y deportes de invierno, la única vía de comunicación con la Meseta para el transporte por carretera es la autopista que atraviesa el valle del Huerna, con un coste para el usuario de 15,74 euros de vellón -sumados ambos sentidos de subida y bajada-, que recauda con esmero y dedicación la empresa Aucalsa desde hace 42 años, a los que debemos sumar otros 25, hasta el año 2050, si tal abuso ilegal, según dictamen de la Comisión Europea, sigue siendo permitido por el Gobierno socialista del presidente Sánchez con el inefable Óscar Puente al mando de las comunicaciones, para mayor gloria de las infraestructuras catalanas y sus usuarios. Según afirmación del propio ministro, "Catalunya encabeza las inversiones en España desde hace cinco años (sic)". Decir, como dato económico relevante para mejor interpretación de los intereses económicos privados que mueve esta autopista, que solo en el año 2023 recaudó 41,7 millones de euros. Calculen ustedes cuánto dinero del usuario que, por otro lado, sigue contribuyendo a la Hacienda pública, recaudará la empresa concesionaria en los próximos 25 años que dura la prórroga.
Se dijo en reiteradas ocasiones, pero no está de más repetirlo o recordarlo, que es el PP de José María Aznar, por intercesión de su ministro Álvarez-Cascos, el causante de la prórroga irregular que infringe la normativa europea en relación con la contratación pública y concesión de infraestructuras, al prorrogar la concesión del peaje del Huerna, en el año 2000, sin licitación pública ni transparencia. Así se hacían las cosas en la "España va bien" del dios vivo Aznar. Tan bien se hacían que, además de culminar la excelencia con tres ministros de su gabinete entre rejas, nos fuimos a buscar armas de destrucción masiva a Irak, por mandato de su homónimo yanqui George W. Bush, de la misma cuerda republicana que el actual "míster arancel" Donald Trump. El ridículo protagonizado por José María Aznar en aquella hazaña bélica todavía apesadumbra los corazones patrióticos de media España, la progresista. La otra, la ultraconservadora, aclama a su líder natural y recibe con entusiasmo las moralinas ultras y consignas desestabilizadoras.
Por otro lado, el secretario de Estado de Transporte y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, siguiendo las directrices marcadas por el gabinete ejecutivo socialista, nos intenta amedrentar con las dificultades económicas y jurídicas que implicaría, en este momento, el rescate de la AP-66. Parece ser que las dificultades económicas solo existen en este caso, no ocurrió así con el rescate milmillonario de las autopistas quebradas, llevado a cabo por el ministro conservador Íñigo de la Serna en el año 2017, ni en los más próximos 2018 y 2019, cuando el Gobierno de Sánchez rescató el peaje de nueve autopistas en proceso de quiebra, que le costó o costará a las arcas públicas más de 4.500 millones de euros.
Pero ya estamos acostumbrados a las varas de medir de populares y socialistas, ambos tienen muertos en el armario económico de qué avergonzarse. Desde el Plan E creado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que enterró 13.000 millones de euros con un resultado ruinoso para los objetivos marcados, hasta los más de 60.000 millones esquilmados por M. Rajoy a la hucha de las pensiones, pasando por otros 60.000 millones del rescate a catorce cajas de ahorros, todo se hizo con dinero público y aquí estamos, tan lustrosos en lo económico, según aprecian todas las autoridades mundiales del ramo. De lo que no cabe ninguna duda es de que este nuevo liberalismo que nos pintan los ejecutivos políticos de uno u otro signo pasa por socializar las pérdidas del capital privado, los beneficios, llamados dividendos, se reparten en sociedad anónima, camaradería y sana unión. Más adelante, las puertas giratorias se encargarán de estimular los servicios prestados a través del BOE. Todos contentos. Y Antonio Garamendi, ese genio defensor de los intereses empresariales -que son los suyos-, sin ningún pudor ni agradecimiento, genera polémica al calor de la reducción horaria en la jornada laboral. La glosa que el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales hace sobre la abnegación, dedicación y éxito de Carlos Alcaraz en el deporte del tenis para justificar la oposición empresarial a la reducción de la jornada laboral pasará a los anales de la historia del despropósito.
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