Incrementos lineales y proporcionales
El pasado 30 de septiembre, la Intervención General de la Administración del Estado (IAGE) hizo público el Informe correspondiente a las operaciones no financieras realizadas por las Administraciones Públicas (AA PP) en el segundo trimestre del ejercicio.
El Informe da cuenta de que la necesidad de financiación de las AA PP al concluir la primera mitad del año se eleva a 32.827 millones lo que, respecto de un PIB nominal previsto de 1.677.304 millones, representa un 1,96%. Debe recordarse que la previsión gubernamental establecida en primavera fue concluir 2025 con un déficit de las AA PP del 2,8% del PIB nominal. Sobre esta cuestión el Banco de España, en las Proyecciones macroeconómicas e informe trimestral de la economía española del pasado mes de septiembre, estima que el año puede acabar con un déficit de las AA PP del 2,5% del PIB nominal.
No obstante, a mi entender, más importante que especular sobre el resultado final de déficit es resaltar ciertos datos que muestran cómo va evolucionando la economía nacional y su impacto en las cuentas públicas.
De una parte, tenemos que los recursos públicos crecen, respecto del primer semestre del año pasado, a un ritmo del 6,46%. En este apartado la mayor relevancia radica en los "impuestos", con el IRPF y el IVA como figuras tributarias clave, y en las "cotizaciones". La marcha de la recaudación por IRPF y de los ingresos por cotizaciones sociales pone de manifiesto la buena evolución del mercado de trabajo, mientras que la recaudación por IVA prueba la fortaleza del consumo.
De otra parte, los empleos públicos aumentan, en relación a la primera mitad de 2024, en un porcentaje del 6,11% correspondiendo la contribución más cuantiosa, en términos absolutos, a las "prestaciones sociales en dinero", con especial incidencia de la revalorización en un 2,8% de las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social y las del Régimen de Clases Pasivas.
En resumen, puede decirse que, pese al excelente desempeño económico, las cuentas públicas siguen mostrando una debilidad que podría calificarse de estructural.
A mi juicio, sería conveniente que las distintas fuerzas políticas se pusieran de acuerdo en que, sobre todo, en las revalorizaciones de las pensiones y de las remuneraciones públicas deben aplicarse incrementos lineales, sumando una cantidad fija a su monto inicial cualquiera que éste sea, y no incrementos proporcionales, multiplicando por un porcentaje las cuantías originales.
Para ejemplificar lo que se apunta, supongamos que todas las pensiones de jubilación públicas se encuentran en un rango que va de 1.000 a 3.000 al mes y que el Gobierno aprueba revalorizarlas un 10%. Al aplicar un incremento lineal el pensionista con pensión de 1.000 pasaría a cobrar 1.100, mientras que quien recibía 3.000 vería incrementarse su importe a 3.100. Con incremento proporcional los resultados finales serían 1.100 y 3.300, respectivamente.
Esta metodología permitiría una cierta contención de los gastos públicos recayendo el mayor esfuerzo en quienes más perciben.
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