Quienes no quieren lobos en sus territorios
Es el fiel reflejo de una ambivalencia; un doble discurso que se hace desde ciertos sectores de la función publica en sus respectivas autonomías libres de la presencia y tránsito de lobos, cuando desde un argumento oficial exteriorizan con cautela su posición de línea opuesta a que "se celebren experimentos proyectados a conseguir la reaparición natural o la introducción programada de lobos" en los territorios de los que ostentan su administración, no obstante, en paradójico hecho, prestar su complaciente beneplácito a la defensa y conservación de esta especie depredadora, por considerar que "tiene efectos positivos".
Debido a eso, y por razones prácticas, a fin de evitar que el peso de la carga emocional, económica y material de los perjuicios que origina el lobo siga recayendo en gran parte sobre particulares y función pública de las regiones afectadas, existe la posibilidad de materializar una norma, como fórmula a utilizar -nada nuevo, sobre este asunto se tienen antecedentes- revestida de vínculos solidarios; de integración extensible a todas las comunidades del Estado, en donde se establezca un nuevo sistema de financiación, a modo y manera de caja única, que de hacerlo, se incrementaría con fondos provenientes de la UE y otros, destinados a instrumentalizar mancomunadamente, sin derivas excluyentes o privilegiadas, las compensaciones dentro del plazo estipulado y de manera adecuada, a las personas e instituciones que hayan sufrido la pena y el dolor hiriente de ver seriamente destrozado, en todo o en parte, su patrimonio ganadero sin posibilidades de arreglo, consecuencia directa de los estragos que hace el cánido sobre cualquier tipo de ganado domestico y fauna silvestre a su alcance.
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