Una cana al aire con intereses espurios
Hasta hace escasos días, la marioneta Pinocho nos enseñaba de forma metafórica que mentira y prolongación del apéndice nasal eran causa y efecto; actualmente, en el realismo mágico descrito por Miguel Ángel Rodríguez ante el Tribunal Supremo, la mentira muda en efecto y el pelo cano en causa. Queda, pues, confirmado que no son las nieves del tiempo quienes platean la sien, sino las mentiras de las canas. A partir de aquí, podemos elucubrar sobre la lógica de la paradoja de MAR. Qué ocurriría si Rodríguez dice que le salió una nueva cana: estaría obligado a mentir incluso contra su voluntad, le convertirían las canas en mitómano o mentiroso patológico, podrían las canas conducirle al suicidio por el remordimiento que significa levantar falsos testimonios, anularía la cana su voluntad y, como consecuencia, quedaría exonerado de toda responsabilidad. Ahí lo dejo.
Por otro lado, el PP de Núñez Feijóo, guiado, empujado, maniatado por la sucursal madrileña (con la segunda parte del binomio romántico Ayuso-González Amador en el frontispicio de la causa penal), apoya las canas de MAR en relación con el bulo lanzado sobre el fiscal general del Estado. Una más y suma y sigue. Entre canosos anda el juego. No solo se creen con el derecho patrimonial del Estado, sino que, ahora, también reclaman su derecho legal sobre las "fake news" del universo ultraconservador. El desparpajo con que actúa la derecha española deja en paños menores al ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich.
Según algunos enjabonados plumillas, cuando un personaje público con responsabilidad suprema en cualquier institución de poder sea investigado por la institución judicial -"summo cum rigore" tratándose de la Fiscalía General del Estado-, bajo sospecha de haber cometido un delito, debe abandonar el cargo. No importa que la sospecha proceda de una mentira impresa en un recorte de periódico, el responsable de la institución está obligado a dimitir y la fuente de la noticia, su propagador y el juez que la impulsa hasta la fase de enjuiciamiento no tienen por qué dar explicaciones. Y a esto lo llaman garantía procesal. ¿Puede la mentira publicada en un medio de comunicación acabar con la carrera profesional de una persona? ¿Podemos, indirecta e indiscriminadamente, convertir a los medios de comunicación en el máximo poder del Estado con la intermediación del Poder Judicial y permanecer cautivos y callados? Dónde queda la presunción de inocencia. Después nos contarán la falacia de que el sistema democrático es garante de la igualdad de las personas ante la ley, sin discriminación por motivos de raza, género u otras circunstancias. Ser fiscal general del Estado es una circunstancia.
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