Prever, prevenir, coordinar y actuar: la obligación del Estado
Ante una emergencia anunciada, no hay excusas que valgan. No se puede escudar la inacción en el reparto de competencias, porque la seguridad y la vida de las personas están por encima de cualquier límite administrativo. Cuando se conoce un riesgo y no se actúa con la debida coordinación y anticipación, la responsabilidad es compartida, también del Gobierno central.
Pretender que el Estado no tiene nada que decir o hacer porque una comunidad autónoma tenga determinadas competencias es desconocer la esencia misma de la gobernanza pública. La protección civil no se delega: se comparte, se refuerza y se lidera.
Cuando se anuncia una amenaza -sea meteorológica, ambiental o sanitaria-, lo que la ciudadanía espera es una respuesta rápida, eficaz y conjunta. No quiere ver debates competenciales ni declaraciones exculpatorias; quiere ver soluciones, medios y decisiones.
Las emergencias no entienden de fronteras políticas ni administrativas. En esos momentos, lo único que cuenta es la capacidad de prever, prevenir, coordinar y actuar. Quien dispone de información, recursos o capacidad de respuesta y no los pone al servicio común, falla en su deber más elemental: proteger a la gente.
Porque al final, cuando todo tiembla, no salvan los decretos ni las competencias: salva la voluntad de actuar juntos, con responsabilidad y liderazgo.
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