Una cadena de sucesos

A raíz del primer aniversario de las inundaciones de Valencia, se han vuelto a revolver las aguas turbias, nunca mejor dicho, tratando de señalar a los culpables, o más bien al culpable de la catástrofe. Poniendo el foco sola y únicamente en los fallos de alerta y aviso a la población de la máxima autoridad de la Comunidad Valenciana y sus consecuencias políticas, que, como es conocido, ha acabado con la dimisión del presidente de la comunidad. Dejando de momento este aspecto al margen, lo que considero más importante debería ser analizar seriamente lo sucedido y extraer las consecuencias, en este caso, los fallos que ocurrieron, con objeto de remediarlos. Para que no vuelva a suceder la catástrofe de hace un año, que supuso la pérdida de doscientas treinta vidas y los graves efectos ocasionados en viviendas, plantas bajas, el sector comercial, las zonas industriales y agrícolas, así como carreteras, vías ferroviarias, puentes y pistas forestales, con unas pérdidas económicas estimadas en más de cuatro mil millones de euros. Y, si ocurre, que no se pierda ninguna vida y que cause el menor impacto económico posible. Porque, si no se toman medidas, si no se pone remedio, volverá a ocurrir más pronto o más tarde. Basta con tener en cuenta lo que históricamente ha sucedido en las costas levantinas como consecuencia de su climatología y de las características de su orografía: sierras y montañas paralelas a la costa, con vertientes muy abruptas, barrancos y pendientes, que provocan que las abundantes lluvias fluyan de manera torrencial con gran virulencia hacia la costa. Como las inundaciones de Murcia en 1292, que se repiten en 1615, 1651, 1653 y 1659, y la de Orihuela en 1632, o las de Málaga en 1661. Por no citar las riadas catastróficas en 1876, 1879 y 1881 en Murcia y Vega Baja del Segura. Y, más recientemente, las inundaciones de octubre de 1957 en Valencia, las de septiembre de 1962 en el Vallés, las de 1973 en Almería, las de 1960-61 en el Ebro, las de octubre de 1982 en el Júcar y Turia, o los setecientos veinte litros por metro cuadrado caídos en Gandía en noviembre de 1987.

Desgraciadamente, lo que ocurrió fue una cadena de sucesos que provocaron la tragedia de todos conocida. Y, en consecuencia, solamente a través de un análisis completo de lo que pasó se pueden definir las medidas correctoras a tomar a quien corresponda tomarlas y al nivel de su competencia.

Existen varios métodos que pueden ayudar a realizar un análisis de por qué se ha producido un hecho concreto, sea de la naturaleza que sea. En este caso, el de un acontecimiento desgraciado; uno de los métodos es el del queso gruyère. En esencia, trata de visualizar las distintas capas de protección diseñadas para la prevención de un accidente, como si fuera una serie de lonchas separadas de queso gruyère, con múltiples agujeros en el que cada agujero representa un fallo. Cuando ocurre un acontecimiento susceptible de provocar un accidente, aunque algunas capas de protección presenten más de un fallo, las otras que están delante lo impiden, evitando que se produzca. Pero si los sucesos que van ocurriendo logran traspasar todas las barreras, porque coinciden todos los agujeros en un tiempo y espacio concreto, como si fuera un rayo de luz que atravesase todas las lonchas, el siniestro irremediablemente ocurrirá.

Si realizamos el ejercicio contando con la amplia información aportada por los medios de comunicación durante y a lo largo del año transcurrido desde el suceso, podremos tener una mejor perspectiva de lo que pasó y de por qué ocurrió.

Primero el suceso inicial: las lluvias torrenciales debidas a una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera, donde en algunos puntos se registraron precipitaciones de más de setecientos litros por metro cuadrado en veinticuatro horas en un área muy abrupta de fuertes pendientes y barrancos que provocan que el agua fluya de manera torrencial con gran virulencia hacia la costa.

¿Qué ocurre con la primera capa de protección, destinada a la contención de las aguas caídas en la cabecera que hubiera retenido gran parte de ellas? Simplemente, que no existía; porque, a pesar de haber planes y estudios para la construcción de las infraestructuras mencionadas, no se habían ejecutado y no estaban operativas en el momento del episodio. Su fallo provocó el segundo suceso: la avalancha de agua y lodo, que desbordó barrancos y ramblas de la zona arrastrando vehículos, infraestructuras y viviendas.

La segunda capa de protección la formaban las normas de urbanización y planificación destinadas a regular los usos en las zonas de mayor riesgo de inundaciones para la ubicación de urbanizaciones, polígonos industriales y viviendas cercanas a cauces. Aquí el fallo principal se produjo al no disponer de normas urbanísticas actualizadas, que tuvieran en cuenta los escenarios climáticos extremos más recientes, con sus mapas de zonas inundables. En consecuencia, se produjo el siguiente suceso: inundaciones concentradas en áreas residenciales y comerciales y una mayor exposición de la población.

La tercera capa de protección era la red de drenaje: el sistema de colectores, aliviaderos y alcantarillado para evacuar las aguas de lluvia. Los fallos son achacables a estar diseñada para episodios de lluvia mucho menores y, por lo tanto, incapaces de evacuar el agua en casos de pluviometría extrema, tal como estaba previsto en el proyecto de conexión de barrancos con el actual cauce del río Turia. Lo que ocasionó el siguiente suceso adicional: la saturación y colapso de la red de drenajes; pasos inferiores, garajes y sótanos anegados por incapacidad de evacuar el agua; redes de transporte cortadas, colapso de tramos viales y de gran riesgo para las personas atrapadas en sótanos y vehículos.

La cuarta capa de protección la componía todo el sistema de gestión de alertas para prevenir a la población y evitar que se produzcan víctimas mortales. Se produjeron fallos en los sistemas de alerta temprana, en la interpretación de las señales de alerta y su transformación en medidas operativas que retrasaron la activación de las alertas a la población y redujeron la eficacia de la respuesta ante la emergencia. Fallos en los protocolos entre organismos e instituciones, en la descoordinación entre la Agencia Estatal de Meteorología, la Confederación Hidrográfica del Júcar y ayuntamientos, la comunidad autónoma, etc. Con la añadidura de ausencia de simulacros de alarmas y avisos a la población, cuya consecuencia fue el tremendo número de víctimas mortales.

Todo el conjunto de fallos mencionados muestra claramente qué organismos, entidades e instituciones fueron responsables de lo sucedido: desde los que no agilizaron los proyectos ni realizaron las obras de infraestructuras hidráulicas previstas, muchas ya diseñadas tiempo atrás, pasando por los que no tenían actualizados los planes urbanísticos donde estuvieran catalogados los terrenos en función de sus riesgos de inundación y su uso, hasta los que tampoco tenían actualizados los planes de emergencia con sus cadenas de mando bien establecidas y sus pruebas de alerta a la población.

Achacar a una sola persona, el presidente de la Comunidad Valenciana, sola y exclusivamente por ventajismo político, la culpa de lo ocurrido es, cuando menos, deshonesto y torticero, porque se pretende que sea él el único chivo expiatorio que oculte los errores de los demás actores de la tragedia. Todos ellos son responsables de cerrar los agujeros lo más urgentemente posible antes de que otro suceso semejante pueda volver a repetirse de nuevo.