El lobo no aparece por decreto
En los últimos días, la Consejería del Principado de Asturias ha anunciado que, dentro de las batidas de jabalí realizadas en las reservas asturianas, se contempla la posibilidad de disparar al lobo. Sin embargo, lo que sucede realmente sobre el terreno dista mucho de la imagen que se transmite públicamente.
Este mismo sábado participamos en una batida en la Reserva de Somiedo y los cazadores decidimos no firmar la autorización que nos habilitaba para abatir lobos, a pesar de que estaba expresamente permitida por el Consejero. Lo mismo ocurrió el domingo en otra batida de jabalí en una reserva distinta del Principado: la autorización estaba preparada, pero tampoco la firmamos. La pregunta resulta inevitable: ¿en cuántas batidas se están realizando realmente controles de lobo?
Si la Administración pretende contar con la colaboración de los cazadores, debe plantear estos controles con rigor y utilizar modalidades adecuadas para esta especie, como recechos, esperas u otros métodos específicos, y no una simple inclusión "por si acaso" dentro de batidas de jabalí. Cualquiera puede comprender que la probabilidad de que un lobo se cruce casualmente por delante de los puestos durante una batida de jabalí es ínfima.
Además, da la impresión de que estas autorizaciones buscan únicamente satisfacer al sector ganadero ofreciendo cifras globales que parecen elevadas pero que, en la práctica, resultan irrisorias. El ejemplo de la Reserva de Somiedo es claro: se anuncian permisos para el control del lobo, pero se limitan a unas pocas fechas de las más de cien batidas anuales. Y cuando esos lobos no se abaten, la responsabilidad se traslada a los cazadores, mientras la Consejería se lava las manos ante los ganaderos alegando que ya autorizó controles y que fuimos nosotros quienes no actuamos. Esta dinámica ni es eficaz ni responde al problema real.
POR FAVOR, PONED EL CARGO DETRÁS DE LA FIRMA
En la Reserva de Caza de Somiedo se celebran cada año más de cien batidas de jabalí, pero solo cuatro de ellas cuentan con autorización para disparar al lobo, como si la Consejería supiera de antemano el día exacto en que el animal aparecerá por allí. Lo mismo sucede con los recechos de ciervo y rebeco: de más de cien permisos concedidos, apenas un par de ellos permiten el control del lobo. Con estas cifras, las oportunidades reales de gestión son mínimas y claramente insuficientes para lograr un control eficaz de la especie.
Por todo ello, consideramos que, si la Consejería pretende que el control poblacional del lobo se lleve a cabo mediante batidas, debería autorizar el número de ejemplares previstos en tantas jornadas como fuese necesario hasta completar el cupo, y no restringirlo a cuatro fechas fijadas de antemano. Pensar que el lobo aparecerá justo esos días y en esos lugares es completamente irreal y difícilmente responderá a las necesidades de los ganaderos, que son quienes sufren directamente las consecuencias.
Además, la Consejería debe ofrecer mayor transparencia y trazabilidad respecto al destino de los ejemplares retirados. Actualmente existe una evidente falta de información sobre dónde se depositan, cómo se gestionan y qué controles se aplican. Esta opacidad genera desconfianza tanto en el sector ganadero como en el cinegético, y alimenta sospechas innecesarias. Una Administración clara, verificable y accesible evitaría recelos y aportaría seguridad jurídica a todas las partes.
Por último, surge una cuestión difícil de ignorar: ¿por qué se exige una autorización específica para disparar al lobo cuando para abatir un jabalí no es necesario firmar absolutamente nada? ¿Qué sentido tiene ese trámite? ¿Se pretende que alguien asuma una responsabilidad que no le corresponde? Porque, si todo es tan legal y claro como se afirma, resulta difícil entender la necesidad de tanta firma.
J. Queipo (Presidente de la Sociedad de Cazadores de Somiedo - SOCASO)
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