Gasto público de 2026
El pasado 25 de noviembre, en su Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo y al Banco Central Europeo sobre el cumplimiento del marco fiscal de la UE, la Comisión Europea (CE) avisó de que España corre el riesgo de superar, en 2026, el crecimiento interanual máximo de "gasto neto" del 3,5% recomendado por el Consejo.
La previsión de la CE está en línea con el pronóstico realizado por la AIReF, el pasado 29 de octubre, que calculaba que la variación interanual de gasto neto del próximo ejercicio del conjunto de las AAPP será del 4,6%.
Por gasto neto se entiende el gasto público deducidas las siguientes partidas: i) los gastos en concepto de intereses, ii) las medidas discrecionales relativas a los ingresos, iii) los gastos en programas de la Unión compensados íntegramente con los ingresos procedentes de los fondos de la Unión, iv) el gasto nacional en cofinanciación de programas financiados por la Unión, v) los elementos cíclicos del gasto en prestaciones de desempleo y vi) las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal.
Según la CE, la desviación no es "significativa" porque estima que su cuantía será inferior al 0,3% del PIB y, acumulada a las registradas a partir del año 2023, no superará 0,6% del PIB.
No obstante, según mis apreciaciones, las cifras están muy ajustadas y conviene tener presente que, para los Estados con ratio de deuda mayor del 60% del PIB, la superación de los límites citados implica la preparación de un informe por parte de la CE que podría dar lugar a la incoación de un "procedimiento de déficit excesivo" basado en la deuda.
Además de lo anterior, la Comunicación advierte que, al igual que en 2025, España no ha presentado el Proyecto de Plan Presupuestario de 2026 y que sigue de cerca la evolución fiscal del país.
Desde una perspectiva nacional, el pasado 18 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el "techo de gasto" del presupuesto del Estado para 2026; sobre este punto hay que recalcar que el "gasto computable" de Administración Central (que resulta de detraer del gasto total, entre otras cosas, las transferencias a CCAA y CCLL vinculadas a los sistemas de financiación y los intereses de la deuda) no debe superar en un 3,5% al de este ejercicio.
Aunque la AIReF ha manifestado la opinión de que la restricción anterior ("regla de gasto") podría cumplirse en 2026, hay que recordar que se incumplió en 2024 y, muy probablemente, también se vulnere en 2025. Ante esta situación, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera exige que la Administración Central formule un plan económico-financiero para corregir la situación, que ha de remitirse a las Cortes Generales para su aprobación.
Además, con enorme retraso respecto al momento establecido por mandato legal, se están debatiendo en el Congreso de los Diputados los objetivos de estabilidad presupuestaria ("senda de déficit") y el objetivo de deuda pública referidos a los ejercicios 2026-2028, para el conjunto de AAPP y para cada uno de sus subsectores. De momento, en la votación llevada a cabo el 27 de noviembre, el Gobierno no ha conseguido la aprobación de la Cámara, por lo que ahora tiene el plazo de un mes para proponer un nuevo acuerdo sobre dichos objetivos.
A mi juicio, dado que el rechazo por las Cortes Generales de la propuesta de los objetivos de estabilidad presupuestaria (que mantendría vigentes los aprobados en 2024) no exonera al Gobierno de presentar un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, pues esta obligación viene impuesta por la Constitución, su presentación podría tener como fin el buscar una justificación ante las instituciones europeas para no remitir el exigido Proyecto de Plan Presupuestario de 2026 (como ya ocurrió el año pasado).
También quiero destacar que, pese a las declaraciones triunfalistas sobre la evolución positiva de la economía, que el Gobierno se arroga sin reconocer mérito alguno a trabajadores y empresarios, la situación de las cuentas públicas es precaria y el respeto a las normas y responsabilidades (europeas y nacionales) sobre gobernanza fiscal, que es competencia exclusiva del Ejecutivo, sufre un profundo deterioro impropio de un Estado de derecho.
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