¿Quién protege a los ancianos?
Esta pregunta no va dirigida solo a políticos o administraciones. Va dirigida a todos. A quienes legislan. A quienes gestionan. A quienes hacen negocio. Y también -aunque incomode decirlo- a quienes miran hacia otro lado.
Me dirijo, sin rodeos, a los responsables de residencias de mayores, a las administraciones públicas obligadas a supervisarlas e inspeccionarlas, y a los gobiernos que presumen de sacar leyes para todo pero son incapaces de aprobar y, sobre todo, de hacer cumplir una ley clara, firme y efectiva que proteja de verdad la vejez, la dependencia y el derecho irrenunciable a unos cuidados dignos, obligatorios y humanos.
Hoy se presume de proteger a las mujeres sin que ninguna lo haya pedido, tratándolas como si fueran menores de edad, faltando a su inteligencia, a su capacidad y a su autonomía.
Se presume de proteger a los menores sin permiso de quienes de verdad son sus protectores: quienes más los quieren, quienes los educan y quienes son responsables de sus actos -sus padres, tutores y maestros-, despojándolos de autoridad y potestad.
Se presume de proteger animales de todo tipo: lobos, osos, jabalíes, mascotas, huevos y nidos.
Pero la vida de los seres más vulnerables -un ser humano en formación y una persona anciana dependiente- no parece importar a nadie.
Es obscena esta jerarquía de prioridades.
Es hipocresía institucionalizada.
Y lo más grave es que nadie protesta.
Caminamos dóciles, como ovejas en rebaño.
Cuando hablamos de inspecciones en residencias de ancianos no hablamos de lujos ni de exigencias extraordinarias. Hablamos de lo básico: higiene, limpieza, alimentación adecuada, correcta administración de la medicación, atención sanitaria, trato humano, respeto y empatía.
No son servicios "extra". No son mejoras opcionales. Son derechos fundamentales. Y su incumplimiento no debería saldarse con multas simbólicas ni con informes que duermen en un cajón, sino con responsabilidades reales, efectivas y penales.
Lo vemos a diario.
Y lo verdaderamente aterrador es que ya casi a nadie le escandaliza.
Pero aquí no acaba la responsabilidad.
También interpelamos a quienes han convertido el cuidado de personas vulnerables en un negocio donde el beneficio pesa más que la dignidad. Donde se recorta en personal, en atención y en humanidad. Donde se gestiona el final de una vida como si fuera una cuenta de resultados.
Y sí, también a las familias. A las que preguntan poco, visitan poco, exigen poco o prefieren no ver. Delegar el cuidado no significa renunciar a la responsabilidad. El abandono también puede ser cómodo, silencioso y perfectamente legal... pero no deja de ser abandono.
Resulta obsceno que en este país se inspeccione con mayor rigor un zoo, una explotación ganadera o una perrera que muchos centros donde viven personas mayores en situación de dependencia absoluta.
Esta comparación no es exagerada: es un reflejo cruel, exacto y demoledor de nuestras prioridades como sociedad.
No lo olvidemos: no son números, no son expedientes, no son plazas ocupadas, no son un negocio rentable. Son personas. Personas que trabajaron, cuidaron, sostuvieron familias y levantaron este país. Y hoy, cuando más necesitan protección, reciben demasiadas veces indiferencia, descontrol y silencio.
La forma en que tratamos a nuestros mayores nos define. Y hoy, como sociedad -políticos, empresas y ciudadanos-, estamos fallando. Porque mañana ellos seremos nosotros. Y entonces nadie podrá decir que no lo sabía.
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