No somos naciones, somos yacimientos
Los últimos acontecimientos en Venezuela no revelan nada nuevo: confirman,
con brutal honestidad, una verdad que preferimos no mirar. No existe la libre
determinación de los pueblos. Nunca existió del todo. Y hoy, menos que nunca.
Un país deja de ser nación en el instante mismo en que posee petróleo, litio, gas,
coltán o cualquier recurso que las corporaciones transnacionales consideren
estratégico. Desde ese momento, ya no tiene bandera, idioma ni memoria: tiene
precio.
La frase pronunciada por Donald Trump -"Vamos a administrar el país hasta
que las condiciones sean propicias para una transición segura"- no es un desliz
ni una torpeza diplomática. Es una declaración de principios. Administrar:
verbo colonial, verbo empresarial, verbo que se aplica a empresas quebradas, no
a pueblos vivos. Administrar un país ajeno equivale a confesar, sin pudor, que la
soberanía solo es tolerada mientras no interfiera con los negocios.
Según el propio Trump, la vicepresidenta Delcy Rodríguez habría aceptado las
condiciones impuestas o "se atendrá a las consecuencias". La amenaza es
explícita. Y el anuncio posterior de que las compañías petroleras
estadounidenses ya están en camino hacia Venezuela disipa cualquier duda
restante. Queda claro que nunca se trató de combatir el narcotráfico ni de
restaurar la democracia. Se trató, desde el inicio, de intereses económicos
respaldados por fuerza militar.
Esto no es un episodio aislado. Es una escena más de una historia larga y
perfectamente documentada. Irán en 1953. Guatemala en 1954. Chile en 1973.
Panamá en 1989. Irak y Libia en el siglo XXI. Cada vez que un país intenta
ejercer control real sobre sus recursos, el guion se repite: sanciones,
demonización mediática, asfixia económica, desestabilización política y,
finalmente, intervención. El resultado es siempre el mismo: un Estado
desmantelado y un mercado abierto.
Que no se confunda el argumento: los autoritarismos, la corrupción y los abusos
internos existen y deben ser denunciados. Pero no son la causa de estas
intervenciones, sino su pretexto. Si los derechos humanos fueran el motor real,
Estados Unidos no sostendría -con armas, dinero y silencio- a regímenes
aliados que los violan sistemáticamente, como Israel en Gaza. El criterio no es
ético: es estratégico.
La verdad incómoda es esta: ningún pueblo es soberano si posee algo que las
transnacionales desean. La soberanía no se pierde por incompetencia, sino por
rentabilidad. El derecho internacional se invoca cuando conviene y se ignora
cuando estorba. Las leyes existen para los débiles; los poderosos no las violan:
simplemente las suspenden.
Venezuela no ha dejado de ser un país por una derrota política o militar. Ha
dejado de serlo en el instante en que una potencia extranjera se atribuye el
derecho de decidir su destino económico y político. Cuando eso ocurre, la
nación se convierte en expediente, la población en variable y el territorio en
activo financiero.
El nuevo orden mundial no se organiza alrededor de pueblos libres, sino de
recursos explotables. No existen países: existen territorios útiles y territorios
descartables. La soberanía es una palabra decorativa que se pronuncia mientras
no interfiera con las ganancias. Cuando estorba, se la borra con misiles,
sanciones o "administraciones transitorias".
Venezuela no es una excepción ni una advertencia: es el modelo. Lo que allí
ocurre no es una crisis, sino un manual. Hoy es el petróleo; mañana será el litio,
el agua, la selva, los puertos, la biodiversidad, los datos. Ningún pueblo está a
salvo si tiene algo que el mercado global codicia.
La verdadera ocupación ya no necesita colonias ni virreyes. Basta con declarar
que un país es inviable, peligroso o "mal administrado", y entonces su destino
deja de pertenecerle. Se le arrebata el derecho a decidir, se le confisca el futuro y
se le llama a eso "orden".
En este mundo, defender la soberanía no es una postura ideológica: es un acto
de supervivencia. Porque cuando aceptamos que otros "administren" un país,
aceptamos también que la democracia es negociable, que el derecho
internacional es opcional y que la vida de los pueblos vale menos que un barril
de petróleo.
Y cuando eso ocurre -cuando el negocio se impone definitivamente sobre la
dignidad- ya no queda nada que administrar. Solo queda un territorio
saqueado, un pueblo silenciado y una bandera convertida en logotipo.
Pero lo peor ni siquiera es esto; lo peor es la gente ignorante que se alegra de
que así sea.
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