Con cuotas y amiguismos, la tragedia deja de ser un accidente para convertirse en negligencia
Partiendo de que un accidente -y cualquier tragedia- puede producirse por múltiples causas, hay una que sobresale por encima de todas y que es la única por la que deben exigirse responsabilidades reales: la inspección y la prevención. Todo lo demás son excusas posteriores.
La inspección y la prevención no son conceptos abstractos: tienen nombres, cargos y sueldos. Recaen en quienes mandan, dirigen y deciden. Por eso, el mando y la dirección -especialmente allí donde están en juego vidas humanas- deben elegirse por mérito, capacidad y responsabilidad. El mérito no puede ser sustituido ni por cuotas ni por amiguismo. Cuando el reconocimiento deja de ganarse y pasa a repartirse, la responsabilidad se diluye y el riesgo se normaliza.
Durante años se nos ha hablado de "romper techos de cristal". En la práctica, demasiadas veces eso ha significado repartir poder y cargos de responsabilidad como si fueran premios de consolación. A este reparto se le ha sumado el amiguismo, que convierte la gestión pública en una red de lealtades personales en lugar de en un sistema basado en la competencia y el deber. El resultado es devastador: ya no se rompen solo techos, se rompe todo. Se debilitan la meritocracia, la igualdad ante la ley, la libertad y la confianza en las instituciones. Y, cuando eso ocurre, también se rompen trenes, se desbordan ríos, se degrada la sanidad y se empobrece la educación. Nada es casual.
Hoy escuchamos al Presidente anunciar investigaciones para esclarecer las causas del accidente. Mientras tanto, sindicatos de maquinistas y usuarios recuerdan que ya existían avisos previos: incidencias, anomalías, vibraciones en determinados tramos de alta velocidad. Advertencias claras que no fueron atendidas. Y, sin embargo, nadie en la cúspide asume responsabilidad alguna por haber mirado hacia otro lado.
Hablamos de trenes que circulan a velocidades extremas, sometidos a un desgaste continuo de vías, catenarias y vagones. Un sistema así exige inspecciones constantes, mantenimiento riguroso y sustituciones inmediatas ante el menor riesgo. No hacerlo no es mala suerte ni un fallo imprevisible: es una negligencia sostenida, fruto de decisiones equivocadas y de prioridades mal establecidas.
No basta con discursos, ni con promesas de informes, ni con comisiones internas. Las responsabilidades no se depuran solo investigando causas, sino asumiendo consecuencias. De lo contrario, ocurrirá lo de siempre: informes redactados por los mismos que debían haber prevenido el desastre y una culpa que acabará recayendo en el eslabón más débil, normalmente el maquinista o algún factor técnico conveniente.
Cuando el mundo se gestiona por cuotas y amiguismo en lugar de por mérito y responsabilidad, la tragedia deja de ser una posibilidad para convertirse en una certeza. Y, cuando nadie responde por sus decisiones, la justicia no solo se debilita: queda huérfana.
Anomalía del sistema democrático español: partidos que apenas representan a nadie terminan gobernando y decidiendo por todos, como si los votos no importaran. Aquí, los partidos minoritarios no se limitan a existir: gestionan, gobiernan y hasta dictan la agenda, como si fueran mayoría: ¿¡Qué puede salir bien!?
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