La libertad de expresión en la nueva Rusia de Medvedev

En mayo del año pasado, durante su toma de posesión, Dimitri Medvedev juraba sobre la Constitución rusa respetar y defender los derechos y libertades del hombre y ciudadano. Acto seguido, en su discurso solemne, Medvedev aseguraba que los derechos y las libertades son el valor supremo y constituyen la médula de la actividad del Estado.

No le faltará trabajo al señor Medvedev, si quiere hacer honor a su juramento. Estos días concluye el juicio por el asesinato en Moscú -el 7 de octubre de 2006- de la periodista y defensora de los derechos humanos rusa Anna Politkovskaya. Anna había informado sobre la situación en el Cáucaso septentrional y viajado repetidas veces a Chechenia y otras repúblicas de la región para reunirse con personas, cuyos derechos habían sido violados, y escribir sobre ellas. Debido a estas actividades, fue víctima de acoso e intimidación, y fue amenazada con sufrir consecuencias más graves si continuaba con su labor. Muy probablemente la mataron porque no quiso interrumpirla. Pese a que el sumario se dio por concluido con la presentación de cargos contra cuatro personas, Amnistía Internacional considera que este asesinato sigue sin esclarecerse.

Por desgracia, el asesinato de Anna Politkovskaya no ha sido un hecho aislado. En el transcurso de los últimos años, el derecho a la libertad de expresión ha sido gravemente restringido en la Federación Rusa. Las autoridades han promulgado leyes, con provisiones amplias y poco específicas, que amenazan de forma ostensible su ejercicio. Toda la sociedad civil ha sido víctima directa de estos recortes.

Amnistía Internacional ha destacado en sus informes que en la Federación Rusa se está reduciendo el espacio para que se difundan públicamente opiniones que no gustan al Gobierno o para que operen medios y organizaciones independientes. Expresar desacuerdo o disconformidad lleva aparejado, en numerosas ocasiones, el hostigamiento oficial y pone a cualquiera en riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos. Profesionales y medios independientes, junto a defensores y organizaciones de derechos humanos, son blanco preferente de acoso e intimidación, en un contexto en el que son tachados de antipatrióticos por la prensa y los representantes gubernamentales. En este contexto cabría citar, por ejemplo, la detención arbitraria, el maltrato y las amenazas sufridas el 25 de julio pasado por Zurab Tsechoev, editor del sitio web de la organización MASHR, que informa sobre violaciones graves de derechos humanos en Ingushetia y hace campaña contra ellas, en particular contra las desapariciones forzadas y los secuestros.

Durante el último año y medio se han iniciado numerosas investigaciones sobre las actividades de periodistas independientes en relación con supuestos delitos, como incitación al odio o a la animadversión, libelo o difamación de funcionarios del Estado. En la mayoría de los casos la investigación no ha dado lugar a la apertura de una causa penal. No obstante, el frecuente riesgo de incurrir en responsabilidad penal puede tener un efecto paralizante sobre los medios de comunicación. Los estados tienen el deber de proteger el derecho a la libertad de expresión, y las leyes que limitan este derecho no deben utilizarse para reprimir opiniones discrepantes o restringir la labor de los medios de comunicación.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de la emisora de radio Ekho Moskvy. Las autoridades pidieron a la emisora transcripciones de entrevistas a líderes opositores, Garry Kasparov entre ellos. Aunque estas solicitudes de información no dieron lugar a otras medidas contra la emisora, periodistas de Ekho Moskvy dijeron a Amnistía Internacional que la manera en que la fiscalía había pedido oficialmente las transcripciones obedecía a la intención de intimidar a la emisora, ya que el texto de todos los programas estaba disponible en Internet.

El hostigamiento a la prensa o a la difusión de información independiente ha llegado en ocasiones a casos de violaciones de los derechos humanos ejercidas por agentes estatales. Un reciente ejemplo de ello podría ser la muerte de Magomed Evloev, acaecida también en Ingushetia el 31 de agosto de 2008, en circunstancias no aclaradas, cuando la víctima se encontraba bajo custodia policial. El señor Evloev era propietario de un sitio web de oposición muy crítico con las autoridades de esta República caucásica rusa.

El derecho a libertad de expresión es una piedra angular para el funcionamiento de una sociedad democrática, y así lo recoge la propia Constitución rusa. El presidente Medvedev tiene el deber ineludible de asegurar la protección de los derechos de todos los ciudadanos, sean partidarios o críticos hacia el poder establecido. Recientemente hemos celebrado el sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un buen momento para que las autoridades rusas renueven su compromiso con la libertad de expresión.