Conflictos judiciales entre el Ayuntamiento de Castrillón y sus socorristas
Durante los últimos ocho años, el Ayuntamiento de Castrillón ha protagonizado un conflicto por el cual se demuestra la impunidad con la que los políticos tratan nuestros recursos económicos, en este caso concreto, los recursos de los castrillonenses.
El conflicto comenzó en 2018 con una reclamación sencilla: "Somos temporales y deberíamos ser indefinidos", decían los socorristas. ¿La respuesta del Ayuntamiento? Un rotundo "no", y no solo del Ayuntamiento, sino de todos los sindicatos, con la única excepción de CC OO, que se posicionó en contra del Consistorio. Los socorristas no tuvieron otra opción que recurrir a los tribunales, y finalmente la Justicia les acabó dando la razón: sí, son empleados indefinidos.
Una vez convertidos en indefinidos, los socorristas deberían haber sido incluidos en el convenio colectivo. Deberían, porque nuevamente el Ayuntamiento se negó a ello. ¿Consecuencia? Segunda denuncia, y, otra vez, el Juzgado confirmó que los trabajadores deben incluirse en el convenio, y lo más importante, cobrar según lo que marcase este.
Tras dos años de retraso en el cumplimiento de la condena, por fin el Ayuntamiento los incluye en el acuerdo... pero de manera irregular. La Administración aplicó un complemento de destino (CD9) que dejaba a los socorristas cobrando menos de lo mínimo legal (CD12) y aún sabiendo que a los demás empleados con su misma categoría se les venía garantizando un nivel mínimo de sueldo mucho más alto que el mínimo legal (CD18).
Después de que los socorristas acudieran decenas de veces al Consistorio para quejarse por esta situación e intentar solucionar el error, el Ayuntamiento se volvió a negar. Como consecuencia, los socorristas se volvieron a ver obligados a acudir al Juzgado, ya por tercera vez, para reclamar el pago de su salario, y, sorpresa, el juez les volvió a dar la razón, incluyendo esta vez intereses por demora.
Esta situación hace que los contribuyentes castrillonenses, verano tras verano, paguen con sus impuestos no solo el sueldo legal de los socorristas, sino que además paguen a los abogados que pleitean, las costas de los juicios y los intereses por demora (10% del total).
Lamentablemente, los contribuyentes pagan todo ese dinero sabiendo que los responsables de perder esos juicios gozan de total impunidad porque sus actos "contra legem" no tienen ninguna consecuencia para ellos.
¿Cuál es la solución a esta realidad? Yo no la tengo. Pero me gustaría que alguien que leyera esto me ayudase a buscarla y el día que la encontremos habremos acabado con todos esos funcionarios y políticos que se creen por encima de los demás y por cuya culpa surgen situaciones tan desagradables como la de los socorristas en Castrillón.
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