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El agua como bien público

25 de Enero del 2026 - Juan Luís Vallina Ariznavarreta (Siero)

La pretensión del gobierno municipal de Siero de cambiar el modelo de gestión del agua y saneamiento por otro de "externalización", palabreja que suena acaso mejor, pero que no es otro que la privatización de un servicio elemental como es el abastecimiento de agua y es considerado como un derecho humano y no como una mercancía que en manos privadas prioriza el beneficio al del bienestar general.

Los propios informes técnicos municipales no acreditan mejora del sistema ni en calidad ni en control sobre la explotación que deriva.

El agua es considerada como un bien nacional de uso y goce público, inalienable e imprescriptible. Su dominio pertenece a todos los habitantes del municipio; en consecuencia, no debiera ser privatizada bajo ninguna condición.

Quienes no comulgamos con las privatizaciones, podemos señalar las desventajas que ello supone.

Pérdida del control estratégico de un bien tan fundamental como es el agua. Asturias es una comunidad privilegiada en comparación con otras, pero eso no indica la utilidad que se pueda hacer de la misma.

El encarecimiento está asegurado, toda vez que bajo el control municipal se cobra a los clientes el coste según consumo, inversiones y mantenimiento de las infraestructuras. A ello, una empresa privada añade por lógica los beneficios que aspira obtener. Los controles municipales sobre las inversiones que se pretenden hacer no ofrecen garantía ni seguimiento alguno. El agua podría derivarse a empresas privadas, piscinas, etc. con un sobrecoste. No se concretan los servicios de vigilancia sobre la explotación, ni si se daría de baja a quienes no pagaran los recibos, ni el personal laboral de la empresa a la que se le adjudique tiene las mismas condiciones laborales que si el servicio fuera municipal, etc.

La deriva política está servida. ¿Con qué derecho un ayuntamiento privatiza un servicio por 30 años que implica que futuras corporaciones de otro signo político tengan que cargarse el "mochuelo" que otro alcalde decidió, hipotecando así a otros gobiernos municipales?

Cierto es que cualquier empresa quiera sacar réditos a esas inversiones. Está dentro de la lógica empresarial, pero no es menos cierto que una institución municipal puede aspirar a fondos europeos para el fin que tratamos, de la misma forma que se obtuvieron para los carriles bici a los que se puede considerar de una necesidad inferior. De otra parte, Siero es un municipio privilegiado por su capital empresarial que aporta una buena caja al municipio, lo que permite acometer inversiones en obras necesarias como puede ser la mejora de la red.

Aunque la ley contempla que estos y otros servicios municipales pueden privatizarse, se contradice este argumento con las tareas y servicios que la normativa establece como funciones propias de un ayuntamiento con más de 50 mil habitantes entre los que se encuentra el abastecimiento de agua (que ahora se pretende privatizar) y otros servicios más de los que no gozamos, como bomberos, transporte público, la ratio de policía local, etc.

Los gobiernos municipales están para garantizar todos estos servicios y no quitarse esas funciones para que el sector privado las gestione.

De otra parte, el Ayuntamiento de Siero se confronta con las leyes autonómicas para traer al concejo multinacionales, la expansión de Parque Principado o las tan cuestionadas naves de baterías, entre otras.

Crear empleo es importante, pero la saturación de tanta gran empresa ha traído consigo el cierre de centenares y centenares de pequeños comercios sin que ello parezca importar. En política no todo vale. Existe la solidaridad, saber escuchar a la ciudadanía y sus organizaciones más representativas y tomar las mejores decisiones.

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