Carta abierta sobre convivencia, profesionalidad y prioridades en educación
Carta abierta sobre convivencia, profesionalidad y prioridades en educación.
Como madre de un alumno con autismo en Educación Secundaria en el Principado de
Asturias, observo con interés las iniciativas sobre convivencia escolar impulsadas por la
Consejería de Educación con la implantación del programa Tutoría entre Iguales, y también con cierta perplejidad.
Se nos presenta la Tutoría entre Iguales como una solución moderna, casi visionaria: alumnos
mayores acompañando a menores para prevenir el acoso. ¡La idea suena bien! Solidaria,
participativa, inspiradora... Ahora bien, conviene hacerse una pregunta sencilla: si los adultos
formados, titulados y remunerados no fueron capaces de detectar ni frenar situaciones de
acoso, ¿qué capacitación extraordinaria se presupone en un adolescente de quince años para
asumir esa responsabilidad?
En el caso de mi hijo, diagnosticado con autismo, la experiencia fue clara. Desde el inicio de la Secundaria solicitamos herramientas básicas de accesibilidad, entre ellas una tableta que le
permitiera organizar la información visual, estructurar contenidos y seguir el ritmo académico.
No era un capricho tecnológico ni una ventaja competitiva. Era un ajuste razonable. ¡Ya pasaron 4 años y lo último que escuché fue "lo consultaré con los técnicos"!
Recuerdo con tristeza, porque la impotencia ya cansó, cómo lo que debería haber sido
entendido como un derecho fue interpretado como un privilegio. Y cuando un adulto transmite que un apoyo es una concesión, el grupo aprende rápido la lección: mi hijo pasó a ser "el que tiene ventajas", el "mimado", el diferente. ¡Tomen nota porque así se fabrica la exclusión con sorprendente eficacia!
En ese mismo centro "funcionaba" el programa de Tutoría entre Iguales. Resulta llamativo
que se considere adecuado otorgar a otros menores la misión de acompañar, vigilar y detectar conflictos que previamente no supieron gestionar los adultos responsables. ¿De verdad creemos que la solución pasa por convertir a estudiantes en una suerte de asistentes
emocionales del sistema educativo?
La convivencia no es un experimento horizontal donde se redistribuyen funciones por
simpatía. Es una responsabilidad institucional y cuando falla, no se resuelve delegando hacia
abajo.
Tras una experiencia dolorosa, cambiamos de centro educativo. Y la diferencia fue reveladora.
En el nuevo centro educativo no hubo necesidad de programas añadidos para garantizar la
convivencia, la accesibilidad se aplicó con naturalidad, las adaptaciones se integraron en la práctica docente, los ajustes razonables dejaron de ser vistos como concesiones
extraordinarias, el profesorado ejerció su profesionalidad, tanto en el plano académico como en el personal. Y es que cuando los adultos asumen su papel, curiosamente, los alumnos no
necesitan transformarse en jueces ni en mediadores improvisados.
Quizá el debate no debiera centrarse únicamente en cuánto se invierte, sino en dónde y cómo
se invierte. ¿Por qué no antes de financiar nuevos modelos se asegura la formación específica
en discapacidad, la comprensión real de lo que son los ajustes razonables y aplicación rigurosa de los protocolos frente al acoso? ¿Por qué la inclusión no se proclama? Si ésta se practica se transforma en convivencia.
No cuestiono la buena intención de fomentar valores positivos entre el alumnado, cuestiono
que se utilice esa intención para suplir carencias estructurales. Si pedimos a los iguales que
hagan lo que no hicieron los profesionales, el problema no es el alumnado, es el sistema.
La convivencia no puede descansar en la buena voluntad de adolescentes, debe sostenerse
sobre la competencia y la responsabilidad de los adultos.
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