El aborto, ¿un derecho o un delito?
Subtítulo: El Congreso va demasiado rápido a la hora de volver a legislar sobre este asunto
El aborto no puede ser a la vez un derecho y un delito. Resulta incomprensible que un mismo acto pueda constituirse en lo más protegible y lo más reprochable. Atentaría contra las reglas más elementales de la lógica. Y como afirma el profesor Julio Banacloche, el Derecho es una ordenación racional y no parece muy lógico que acabar con la vida de un embrión o feto sea delito si la madre quiere tener ese hijo, y no lo sea si decide no hacerlo; o que no lo sea acabar con una vida humana en la semana quince y sí en la dieciséis. Por tal motivo, creo que no sería mucho pedir al legislador que acepte las reglas de la lógica en la regulación sobre el aborto, porque con eso bastaría para no cometer una grave injusticia. Lo digo esto porque el proceso seguido en la subcomisión de la reforma de la ley del aborto del Congreso de los Diputados, según declaraciones de algunos de sus miembros, aparte del sesgo que ya se arrastraba con los comités de expertos y representantes a declarar, se ha mostrado notoriamente opaco a la opinión pública y tremendamente restrictivo a escuchar argumentos contrarios al aborto.
Sin apenas tiempo, un trabajo que debía durar varios meses se ha agilizado de forma exagerada, teniendo que acabar cada sesión con la acumulación de varias intervenciones de expertos, difíciles de digerir para los miembros de la subcomisión. Resultado: que el PSOE ya ha propuesto aborto libre para las 14 primeras semanas de gestación y de 22 semanas para los casos de malformación del feto, en los que la mujer no tendrá que justificar nada a nadie por qué lo hace. En la misma ley de plazos el valor jurídico que en la misma se da a la vida humana del embrión o feto es nulo, siendo contrario a la sentencia del Tribunal Constitucional (53/1985 de 11 de abril) que encuentra fundamento constitucional en el artículo 15 de la Constitución española. Si a pesar de todo se elabora una nueva ley con el contenido señalado, me pregunto ¿cómo semejante ley podrá defenderse de las imputaciones que se le podrán hacer desde la recta razón, la ley natural, la dignidad de la persona humana y el bien común? ¿Está legitimado el legislador a promulgar este tipo de leyes o los políticos y parlamentarios a decretar y permitir lo que constituye una verdadera injusticia? Ni yo, desde luego, ni muchísimos españoles, nos sentimos ni queremos estar representados por aquellos partidos políticos y parlamentarios que se muestran favorables a tales iniciativas legislativas. La situación de mucho aborto que padecemos parece remediarse con más aborto. No vale decir que el aborto es libre en Europa y nos igualamos a nuestro entorno europeo.
En dos de cada tres países (16 países, 60%) de la Unión Europea para abortar o se necesita siempre algún tipo de causa, supuesto despenalizador, o es ilegal. Además, Europa tiene mayoritariamente legislaciones en las que es necesario un período de reflexión, con certificado, consulta médica y reconociendo explícitamente el derecho a la objeción de conciencia. Añadir que el aborto no sólo se ha convertido en la principal causa de mortalidad, sino también resulta la principal causa de violencia contra la mujer, un drama de enorme magnitud. Sin duda, se exige en España una revisión de la ley actual, incluso una derogación de la misma, por ser un «coladero» en alguno de los supuestos, riesgos para la vida por ausencia de todo control, y existir otras alternativas sin tener que abortar. En cualquier caso, siempre debe existir una potenciación de centros de atención a la mujer embarazada, información veraz sobre lo que supone el aborto y sus secuelas, y el debido acogimiento, asistencia y ayudas económicas antes y después del parto. De lo contrario, sólo se legislaría de espalda a la mujer, a la infancia y a Europa.
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