El empleo en los centros de datos no es fuente de riqueza

La noticia de que la compañía catalana Aprisco Group promueve la construcción de un gran centro de datos de inteligencia artificial en Asturias, con una inversión anunciada de hasta 1.000 millones de euros y la promesa de 700 puestos de trabajo cualificados, merece algo más que titulares entusiastas. Merece preguntas. Preguntas que no deberían hacerse únicamente en despachos institucionales, sino en los barrios, en los ayuntamientos, en las comunidades de vecinos que vivirán cerca de estas instalaciones. Merece, en una palabra, transparencia.

No se trata de rechazar la inversión ni de negar la importancia de la economía digital. Se trata de no repetir los errores de otras eras industriales: los de aprobar proyectos a puerta cerrada, con consensos institucionales que no representan a quienes realmente habitarán el territorio. La aprobación de una infraestructura de este calibre no puede ser solo una cuestión de licencias administrativas. Debe ser un proceso de diálogo genuino con los ciudadanos a nivel local, vecinal, con información completa e igualmente importante: alternativas y conocimiento. Y ese proceso no admite atajos.

El agua que no aparece en el folleto. Uno de los elementos que con mayor frecuencia se omite en los anuncios de estos proyectos es el consumo de agua. Los centros de datos de inteligencia artificial requieren sistemas de refrigeración intensivos que consumen millones de litros de agua al año. En países donde este tipo de infraestructura ya lleva años desarrollándose, las consecuencias comienzan a hacerse visibles. En Grecia, diversas comunidades han expresado una preocupación creciente ante la reducción de los recursos hídricos disponibles para el consumo humano y la agricultura, presionados por la expansión de instalaciones tecnológicas en zonas con escasez estructural de agua.

Asturias no es el desierto de Atacama, pero tampoco es una región con recursos hídricos ilimitados. Antes de autorizar cualquier proyecto de esta envergadura, la ciudadanía tiene derecho a saber: ¿cuánta agua consumirá este centro de datos? ¿De qué cuencas se extraerá? ¿Qué impacto tendrá sobre el abastecimiento de los municipios circundantes? ¿Qué sucede en épocas de sequía? La respuesta a estas preguntas no es un tecnicismo secundario. Es una cuestión de justicia y de soberanía sobre los bienes comunes.

El espejismo de los empleos y la pregunta sobre la riqueza. El argumento de los 700 puestos de trabajo tiene un peso evidente, y no debe desestimarse. Pero la experiencia europea de los últimos años invita a matizarlo. El debate que vive Alemania en este momento con la inversión de Google es ilustrativo: 5.500 millones de euros anunciados, casi 9.000 puestos de trabajo prometidos. Una cifra impresionante. Pero analistas y expertos en economía digital advierten que los centros de datos generan empleo en la construcción a corto plazo, algunos en informática y eléctricos ocasionales mientras que la creación de valor a largo plazo fluye, de forma casi inevitable, hacia las empresas propietarias de la infraestructura, en su mayor parte estadounidenses.

Las empresas tecnológicas líderes a nivel mundial destinan en ocasiones hasta el 50% de sus ingresos al pago de servicios de infraestructura digital, principalmente a través de plataformas de computación en la nube. Ese gasto se dirige, en gran medida, a compañías como Google, Amazon o Microsoft, independientemente de dónde estén físicamente ubicados sus servidores. Dicho de otro modo: el centro de datos puede estar en Asturias, pero los beneficios no permanecerán en Asturias. La analogía con el extractivismo de recursos naturales resulta incómoda pero pertinente.

Europa lleva años reduciendo su dependencia energética del petróleo y el gas, a un coste social y económico enorme. Sería paradójico que, mientras se celebra esa transición, se construyese silenciosamente una nueva dependencia estructural en el ámbito digital. La pregunta que debería estar sobre la mesa no es solo si queremos estos centros de datos, sino qué condiciones exigimos para que la riqueza que generan revierta también en el territorio que los acoge.

Transparencia real y aprobación ciudadana. No habla esta carta del veto automático a la innovación. Sino de la toma de decisiones sea a la altura de lo que está en juego. Es de necesidad que se publiquen, con anterioridad a cualquier aprobación, los estudios de impacto ambiental completos, incluyendo el consumo de agua y energía con proyecciones a 10 y 20 años. Pedimos que se celebren consultas vecinales vinculantes en los municipios afectados. Esta carta pide que los contratos con las empresas promotoras incluyan cláusulas de retorno económico al territorio: fiscalidad efectiva, proveedores locales, formación universitaria vinculada. Y pedimos que ninguna administración asturiana avale un proyecto de esta escala sin el conocimiento informado y el consentimiento activo de quienes habitarán junto a él.

Las grandes inversiones, cuando son transparentes y benefician genuinamente al territorio, merecen apoyo. Cuando no lo son, merecen resistencia cívica. Asturias tiene una larga historia de saber distinguir entre ambas.