Alternancia o degradación
La democracia no es un decorado ni un eslogan vacío. Es, esencialmente, alternancia. Es la capacidad real de los ciudadanos para echar a quien gobierna cuando incumple, cuando degrada las instituciones o cuando antepone su supervivencia política al interés general. Sin esa posibilidad efectiva, lo demás es apariencia.
Izquierda y derecha no son verdades eternas. Son construcciones políticas que cambian con las personas que las encarnan. Y basta mirar atrás para comprobarlo. ¿Tiene algo que ver la izquierda de Felipe González, Alfonso Guerra, Santiago Carrillo o Julio Anguita con la de Pedro Sánchez, Irene Montero, Ione Belarra, Pam o sus aliados parlamentarios? La respuesta es evidente.
Tampoco el sindicalismo actual guarda relación con el de Marcelino Camacho o Nicolás Redondo frente al de Pepín y Unai Sordo. Ni las derechas de hoy son las de hace décadas. Las siglas permanecen; su contenido, no siempre.
Por eso resulta intelectualmente deshonesto trasladar resultados electorales de Francia a España. Que el socialismo retenga alcaldías en París o Marsella no dice nada sobre la situación española. Aquí no se vota a etiquetas internacionales, sino a dirigentes concretos, con trayectorias concretas y decisiones muy concretas.
Y ahí está el núcleo del problema: la política no la hacen las siglas, la hacen las personas. Cuando quienes lideran un partido se apropian de él y lo moldean a su conveniencia, el resultado es la desnaturalización de un proyecto político y, en último término, la erosión de la confianza ciudadana.
El actual Ejecutivo, encabezado por Pedro Sánchez, ha llevado esa lógica al extremo. Pactos negados en campaña que después se materializan, acuerdos con fuerzas como Bildu, cesiones políticas a cambio de apoyos parlamentarios, uso sistemático del decreto ley y años sin presupuestos aprobados dibujan un modelo de gobierno sostenido más en la aritmética del poder que en un proyecto coherente de país.
A ello se suma una preocupante deriva institucional: presión sobre los contrapesos, cuestionamiento de jueces, tensiones con órganos independientes y una concepción del poder que tiende a ocupar todos los espacios posibles. Sin separación real de poderes, la democracia pierde su sustancia, aunque conserve sus formas.
Pero la degradación no es solo institucional. Es también social. La sanidad pública se tensiona hasta límites inaceptables, la vivienda se convierte en un lujo, la cesta de la compra asfixia a las familias y los salarios pierden capacidad real. La dependencia se retrasa, los mayores viven cada vez más solos y los servicios públicos muestran signos evidentes de saturación.
Mientras tanto, se construye un relato que pretende negar esa realidad o diluirla en comparaciones externas irrelevantes. Pero la vida cotidiana no se mide en discursos, sino en hechos.
Ante este escenario, la alternancia no es una opción ideológica: es una necesidad democrática. Si un gobierno no responde, debe ser sustituido. Y quienes aspiren a reemplazarlo deberán hacerlo mejor, con respeto a las instituciones, con rigor en la gestión y con un compromiso real con el conjunto de los ciudadanos.
España, además, arrastra un déficit estructural: la ausencia de mecanismos de control a mitad de legislatura que permitan corregir desviaciones graves sin tener que esperar cuatro años. En situaciones de deterioro evidente, ese vacío se convierte en un problema democrático de primer orden.
La conclusión es incómoda pero clara: cuando el poder se blinda, se justifica y se perpetúa a cualquier precio, la democracia se debilita. Y cuando eso ocurre, solo hay una respuesta posible en las urnas.
Alternancia o degradación. No hay término medio.
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