Retos del nuevo ministro de Hacienda
El pasado 31 de marzo, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) informó que el déficit público de 2025 quedó en el 2,39% del PIB, lo que equivale a 40.330 millones en términos absolutos.
En relación al año 2024, el saldo negativo se redujo en 10.937 millones, mejora que, a mi juicio, supone un magro resultado si se tiene en cuenta que los ingresos crecieron en 50.820 millones y que, en principio, la prórroga de los PGE debió tener un efecto de contención en los gastos.
En otro orden de cosas, al terminar el periodo de gestión de la dimisionaria ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quedan irresueltos una serie de importantes asuntos fiscales que paso a mencionar.
De una parte, la situación del déficit y del gasto. La ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) dispone que la Administración Central no puede incurrir en déficit estructural y que la variación interanual del gasto computable no debe franquear la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo (fijada para 2025 en el 3,2%).
Ambas restricciones habrían sido incumplidas en el ejercicio pasado para el que, en meses previos a su conclusión, la Comisión Europea (CE) estimaba que el déficit estructural del conjunto de las AAPP se situaría en el 3,2% y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) pronosticaba un crecimiento del gasto de la Administración Central del 6,5%.
Además, en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025-2028 (PFEMP) se asumió ante la Unión Europea el compromiso de no superar un concreto incremento interanual del gasto primario neto conjunto de las AA PP, establecido para 2025 en el 3,7%, lo que tampoco se habría respetado a tenor de las estimaciones, previas a los datos de cierre del ejercicio, de la CE y la AIReF.
Por otro lado, la planificación presupuestaria sistemática está en una penosa situación puesto que, desde 2023, no se presenta ante el Congreso de los Diputados el proyecto Presupuestos Generales del Estado, por lo que siguen vigentes los del año 2023, y ante la Comisión y el Eurogrupo el Proyecto de Plan Presupuestario, en ambos casos para los ejercicios siguientes.
Por último, para corregir los desfases en materia de déficit estructural y de limitación del gasto computable de la Administración central, debieran remitirse a las Cortes Generales los correspondientes planes de reequilibrio y económico-financiero.
En todos los temas apuntados, el Ministerio de Hacienda es un actor cualificado, puesto que ha de elaborar los proyectos que plasman las actuaciones y cifras de los planes presupuestarios o fiscales relativos a los asuntos referidos y que luego se someterán a la aprobación del Gobierno.
Es patente, pues, la crucial tarea del recién nombrado ministro de Hacienda, Arcadi España, quien no debe tener otra guía en su actuar que las normas sobre gobernanza fiscal cuyo fundamento subyacente es el interés general.
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