Derechos sin consenso: una contradicción
Estamos ante una política que sustituye el acuerdo por la imposición y convierte el debate en dogma.
Un animal herido es más peligroso. Y eso es exactamente lo que muchos perciben hoy en la política española. El llamado "sanchismo" está herido y en su agonía hasta las elecciones dejará un rastro de leyes, reformas constitucionales y supuestos "derechos" bien asentados, difíciles de revertir.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se puede pretender reformar la Constitución cuando ni siquiera se han aprobado los Presupuestos? ¿En qué lógica institucional cabe priorizar cambios de máxima trascendencia sin haber resuelto lo básico?
Ahora se quiere incluir el aborto en la Constitución en los términos que defienden. Lo llaman "derecho". ¿Derecho de quién? Del que no puede nacer. Llamar derecho a impedir que un ser humano en formación nazca no es un avance incuestionable: es, como mínimo, un dilema moral profundo que se pretende cerrar en falso.
Lo mismo ocurre con la eutanasia, presentada como un derecho cuando implica que un profesional cuya vocación ha sido siempre curar y salvar vidas pase a facilitar la muerte. Para muchos, esto no es progreso: es un giro ético de enorme calado.
La sanidad universal existe para los ciudadanos de España no como eslogan de proyección global. Pero lo preocupante es que ya no se perciben políticas en sentido estricto, sino dogmas, catecismos ideológicos que se imponen sin el necesario consenso. Se olvida que la democracia no es imposición: es pacto, es acuerdo, es alternancia.
Y mientras tanto, en el plano social, se extiende una peligrosa banalización de la responsabilidad: se desprecia el deber de proteger, cuidar y velar por los mayores, como si la juventud fuese eterna. "Pazguatos" se queda corto.
Porque hay una línea roja que muchos consideran evidente: quien no protege la vida ni el derecho a nacer difícilmente puede erigirse en garante de otros derechos. Facilitar impedir vivir, nacer o acelerar el final de la vida no es un logro: es, para quienes así lo ven, un atajo infame hacia una meta inevitable. Pero la dignidad no está en llegar antes, sino en cómo se acompaña la vida.
Si se produce un cambio político, el temor de una parte de la sociedad es claro: que el legado sea un país arrasado. Sin dignidad, sin compromiso, sin sanidad sólida, sin seguridad, sin recursos, sin verdad ni responsabilidad. Un país más débil, más dividido y con menos referentes.
No es una exageración para quienes lo perciben así. Decisiones recientes, tanto en política interior como exterior, refuerzan la sensación de desconexión con los problemas reales de los ciudadanos.
El deterioro institucional también forma parte del diagnóstico: sindicatos cuestionados, un Parlamento desacreditado, dudas sobre la igualdad ante la ley y la separación de poderes. La sospecha de que las instituciones se ponen al servicio de una estrategia de permanencia en el poder -tribunales, fiscalías, medios públicos- erosiona la confianza.
Pero lo más grave quizá no esté arriba, sino abajo. Generaciones enteras afrontan dificultades reales: acceso casi imposible a la vivienda, salarios que no cubren el coste de la vida, una sanidad cada vez más tensionada. Y ante eso, la resignación se abre paso.
Porque cuando el consenso desaparece y la política se convierte en imposición, lo que se debilita no es un gobierno concreto, sino el propio país.
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