La pretendida privatización del agua en Siero
La deriva tomada por la mayoría socialista encabezada por su alcalde, Ángel García ("Cepi"), de "externalizar" el servicio de agua y alcantarillado se sostiene con falsos argumentos que fácilmente son rebatibles. Sus principales consideraciones son la pérdida de agua (un 45%), en una red que ha quedado obsoleta, y las fuertes inversiones que se necesitan para el restablecimiento de la misma.
Cabe decir en primer lugar que el agua es considerada como un derecho humano y un recurso esencial del planeta, y que corresponde a los gobiernos, sean estatales, autonómicos o municipales, garantizar su disponibilidad.
Traspasar este servicio esencial a manos privadas no ofrece garantías de mayor eficiencia y ahorro en costes. Más bien hipoteca, en el caso de Siero, el servicio por treinta años, que es la pretensión del equipo de gobierno, lo cual hipoteca a futuras corporaciones municipales en su voluntad de atender desde la propia institución municipal un servicio que por naturaleza propia le corresponde. Inhibirse de esta responsabilidad supone por sí mismo hacer dejación de una tarea transcendental, y los razonamientos para ello son perfectamente desmontables.
Hay que comenzar diciendo que la pérdida de ese 45% de agua se debe, fundamentalmente, a falta de inversiones anuales en los últimos doce años, lo que pone de manifiesto el desinterés en el saneamiento, máxime en un Ayuntamiento con capacidad económica solvente para poder contemplar en sus presupuestos anuales partidas que contribuyeran a recuperar esa anunciada pérdida de agua.
La anunciada inversión millonaria para ese fin, el Ayuntamiento de Siero no solo cuenta con un remanente económico importante, sino que tiene capacidad para recurrir a posibles fondos europeos -como los que hubo para el carril bici-, solicitar ayuda al Principado o, en última instancia, acceder a un crédito bancario, al igual que haría una empresa privada cuyos costes e intereses repercutirían por igual en los contribuyentes.
La facturación municipal repercutida en los usuarios deriva de los costes de inversiones, controles, obras, trabajadores, etc. Una empresa privada, por lógica empresarial, añadiría los beneficios propios y de sus inversores, lo que de facto supone un incremento de los recibos.
Más allá de estas apreciaciones básicas, hay otros elementos que considerar. Falta de rendición de cuentas a los usuarios, aumento en la desigualdad en el acceso y la asequibilidad, pudiendo priorizar clientes de altos ingresos o espacios de ocio (piscinas privadas, campos de golf, etc.) en detrimento de los más desfavorecidos.
La ciudadanía pierde el control y supervisión democrática al dejar de ser un servicio municipal.
La pretensión, por tanto, de privatizar el servicio de agua y alcantarillado merece una reflexión y una atención al sentir de la ciudadanía.
Acogiéndose al Reglamento de Participación Ciudadana, se constituyó en Siero una Plataforma Vecinal con la finalidad de recoger al menos el 15% del censo municipal para solicitar una consulta popular. Toda vez que el gobierno municipal no contemplaba en su programa electoral la pretendida "externalización" y que se ha cubierto sobradamente el 15% requerible para solicitar una consulta, es de considerar que el gobierno municipal de Siero se preste a este requerimiento en un gesto democrático, permitiendo que la ciudadanía manifieste su voluntad y se respete su decisión.
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